La elección del nuevo Procurador General de la República se adelantó una semana. Los senadores eligieron al reemplazo de Alejandro Ordóñez entre tres candidatos: el exministro Fernando Carrillo -quien resultó elegido casi por unanimidad, con 92 votos a favor-, la exmagistrada de la Judicatura María Mercedes López y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
Pero más allá de una puja de poderes y una terna de nombres que pueden no sonarles mucho a los ciudadanos de a pie, la elección del nuevo procurador debería importarnos a todos. ¿Por qué?
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El artículo 275 de la Constitución Política de Colombia dice que el Procurador General de la Nación “es el supremo director del Ministerio Público”, un organismo del Estado que incluye a la Procuraduría General y a las personerías de los 1.122 municipios que tiene Colombia.
En palabras simples, el procurador tiene la inmensa responsabilidad de velar por que los funcionarios públicos -incluso los que fueron elegidos por votación popular- hagan bien su trabajo y no atropellen la Constitución ni la Ley.
Además, el procurador debe proteger los derechos humanos -en compañía del Defensor del Pueblo-, defender los intereses de la sociedad y los intereses colectivos, en especial el medio ambiente; intervenir en los procesos judiciales o administrativos, cuando sea necesario, e investigar, sancionar o destituir a los funcionarios públicos cuando se presente alguna irregularidad, dice la Constitución.
Para esta última función -la de desvincular del cargo a un funcionario público- el Procurador General de la Nación debe hacer una audiencia previa y motivada. Es decir, el procurador no puede destituir a quien quiera, sino a quienes hayan infringido “de manera manifiesta” la Constitución o la ley, a los que roben dinero al Estado o a quienes obstaculicen investigaciones.
En casi ocho años de gestión (2009-2016), el exprocurador Alejandro Ordóñez sancionó, inhabilitó o destituyó a 2.892 funcionarios públicos entre los que se encuentran 24 congresistas, 830 alcaldes, 60 gobernadores y 574 concejales, coronándose como el procurador que más ha ejercido la función disciplinaria en toda la historia de Colombia.
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Algunas de las decisiones de Ordóñez fueron cuestionadas e incluso rebatidas por otras instancias judiciales, como la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba por supuesta “farcpolítica” y la sanción al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por el escándalo de las basuras.
El exprocurador también sancionó al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al exministro Sabas Pretelt de la Vega y a los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado.
Así pues, el Procurador General de la Nación tiene la misión de controlar a los funcionarios que los colombianos eligieron en las urnas y sus decisiones pueden afectar -para bien o para mal- el rumbo del país. Ahora bien, del Senado depende que la persona que llegue a comandar la Procuraduría sea la idónea para defender los intereses del pueblo.
