Mas allá de los problemas estructurales que padece la justicia en Colombia, una seguidilla de escándalos de corrupción y clientelismo que involucran a magistrados de las Altas Cortes dejan muy mal parada la rama Judicial de cara a la pulcritud, el señorío y honorabilidad con que era vista hace años.
Las denuncias de supuestos nexos de magistrados con la mafia, el carrusel de las pensiones, la nulidad de la elección de la fiscal Viviane Morales, los cuestionamientos del paro judicial y la denominada puerta giratoria son solo algunos de los escándalos más mediáticos que han comprometido la transparencia del aparato judicial en los últimos años.
Y cuando parecía que la precaria situación de la justicia ya había tocado fondo y no era susceptible de empeorar, aparece el episodio de los magistrados de la Corte Constitucional que aún tiene perpleja a la opinión pública.
Y no es para menos pues desde su creación con la Constitución de 1991, la Corte parecía ser inmune a los hechos de corrupción que se destapaban en los otros altos tribunales y gozaba de un alto grado de respetabilidad en el mundo jurídico y académico.
Pero las consecuencias de este tipo de escándalos son mucho más graves si se tiene en cuenta que no se trata una corte cualquiera sino del órgano de cierre de la jurisdicción Constitucional, que la ubica en la cúspide de la administración de justicia en Colombia.
Más allá de lo que pueda suceder con los implicados, el daño a la institucionalidad y a la credibilidad de los colombianos en la justicia ya está hecho y esa confianza perdida será muy difícil de reconstruir.
