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En cinco días, 39 millones de colombianos podrán acercarse a las urnas a marcar el tarjetón presidencial y poner a prueba la protección que alista el Estado para las elecciones.
Después de meses de polémicas y de unas elecciones legislativas –13 de marzo– no exentas de cuestionamientos por supuestas irregularidades, la Registraduría se vio obligada a implementar modificaciones a todo el proceso.
Mientras tanto el Gobierno, de la mano de la Fuerza Pública, redobla esfuerzos para garantizar el orden público el próximo domingo con más de 314 mil efectivos de la Policía y el Ejército Nacional, quienes vigilarán los puestos de votación.
Aún así, las suspicacias sobre el certamen continúan y la difusión de teorías infundadas ha generado desconfianza en parte de la ciudadanía sobre lo que podría suceder el 29 de mayo.
Por lo anterior, las autoridades se han encargado de buscar mantener la calma entre la población, asegurando que los comicios no corren peligro y serán transparentes.
Las claves del blindaje
El paso más importante de las modificaciones que se implementarán de cara al 29 de mayo lo está dando la Registraduría, que implementó una serie de mejoras en el proceso.
Entre la semana pasada y la anterior, el ente electoral está adelantando simulacros del preconteo y el escrutinio electoral para probar que todo funcione con normalidad.
En estos espacios se han probado los cambios en los formularios E-14, que incluyen fotos más grandes de los candidatos presidenciales y casillas de mayor tamaño. De esta forma será más fácil para los jurados de votación plasmar los conteos de cada mesa y se eviten errores en la marcación de las casillas.
Aparte, hubo nueva selección de jurados para mayor tranquilidad de la ciudadanía y los partidos políticos. La promesa del registrador Alexander Vega es que en cada mesa quedaron repartidos de manera diversa.
“Lo importante es que hubo una nueva designación de jurados, en la que prevaleció la experiencia en sectores como: campañas y partidos políticos, empleados públicos y privados, docentes y estudiantes universitarios. Garantizamos que ninguna mesa del país quedará homogénea”, sostuvo el funcionario.
Así mismo informó que el software de escrutinio solo empezará a funcionar el domingo a las 4 de la tarde; prometió que entregará copias de todas las actas de las mesas a los partidos y se hará doble digitación de los resultados que se cuenten en cada mesa.
Esto significa que los resultados serán revisados dos veces, un detalle que parece menor, pero que tiene como objetivo reducir la posibilidad de cometer imprecisiones. Y también anunció que se está revisando lo relacionado al proceso biométrico de la Comisión Escrutadora, la única habilitada para ingresar al software de escrutinio, entre otros refuerzos al procedimiento.
Aparte de todo esto, está en marcha la contratación de una auditoría internacional que vigilará las elecciones por un contrato de 3 mil millones de pesos (ver nota anexa), aunque el proceso de adjudicación está demorado, a menos de una semana para elecciones.
¿Por qué no podrían suspender las elecciones?
En medio de todo esto, Gustavo Petro –quien en esta ocasión ya no ondea la bandera de quien se siente una potencial víctima de fraude electoral– sembró la teoría de que el Gobierno quiere aplazar las elecciones.
Tanto así, que invitó a una reunión a sus contendores Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández para reunirse y hablar sobre el tema, aunque no le siguieron el juego e hicieron caso omiso a su invitación.
Sin embargo, es imposible que las elecciones se pospongan, como bien lo aseguraron el registrador y el ministro del Interior, Daniel Palacios, poco después de que se abrieran las urnas para los colombianos en el exterior.
Las elecciones ya están en curso y detenerlas es irrealizable en este momento del calendario electoral. “Desmentimos información falsa e irresponsable, no se va aplazar ni suspender las elecciones en Colombia. Más de 67 países del exterior han iniciado la votación de las elecciones presidenciales”, aseveró Palacios sobre el tema.
Mentira: no hay un golpe de Estado en curso
Teniendo en cuenta lo anterior, el expresidente Andrés Pastrana aprovechó la teoría de Petro para inventar la suya. Habló de un golpe de Estado y le pidió al presidente Iván Duque detenerlo, mientras acusó al candidato Petro de salir con su teoría de la suspensión de las elecciones ahora que se ve “escurrido” en encuestas.
Lo citó a las 3:30 de la tarde de hoy, martes 23 de mayo, para reunirse en su casa y hablar de las denuncias. Aunque es poco probable que el encuetro se de, ya que Pastrana se ha dedicado a lanzarle dardos a Petro sin parar y más después del 13 de marzo.
Según él, la Registraduría le sumó al Pacto Histórico un millón de votos “fantasmas” tras ese proceso electoral. Sin embargo, su señalamiento carece de sustento y no tiene ninguna otra prueba que la de su contradicción con el candidato presidencial.
El Gobierno le lanzó pullas bastante fuertes en este sentido, pues le recordó que el Ejecutivo “no es el jefe de la Registraduría” y por eso no tiene “injerencia sobre el futuro” de ese organismo electoral.
Con todo, por este proceso electoral la Procuraduría le adelanta una investigación disciplinaria a Vega, quien también tiene otra administrativa en el Tribunal de Cundinamarca –en el que Pastrana habló–, y otra penal en la Fiscalía. Y es el Ministerio Público el que puede suspender al Registrador, pero hasta ahora dar ese paso no se tiene en el radar.
El Gobierno nacional y la Fuerza Pública tienen la tarea de garantizar la seguridad de 39 millones de potenciales electorales y el orden público en medio de las elecciones del 29 de mayo. Para ello se destinarán 314 mil hombres que se encargarán de la seguridad en las urnas, después de un paro armado en plena campaña que puso nervioso al Estado. El ministro del Interior, Daniel Palacios, prometió que 217 mil miembros de las Fuerzas Militares y 97 mil de la Policía estarán desplegados cubriendo las más de 112 mil mesas dispuestas para las votaciones.
En el marco del Plan Democracia, el mayor foco de atención para el Gobierno está en 99 municipios –17 de Antioquia–, de seis zonas, que tienen mayor riesgo por razones de violencia. Se trata de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, la región de Catatumbo y Arauca, el Cordón del Pacífico, el Noroeste Amazónico, la Sierra Nevada del Perijá, Yopal y Villavicencio. En ese sentido, el Gobierno, la Fuerza Pública y la Gobernación de Antioquia adelantaron un Consejo de Seguridad para fijarse específicamente en los peligros que aquejan a la región de cara al certamen.
Tras ese encuentro, el acuerdo fue poner a más de 9.500 soldados y más de 4.400 policías en las mesas de votación del departamento para el 29 de mayo. “El pasado 13 de marzo, en materia de seguridad, el departamento de Antioquia tuvo absoluta tranquilidad y trabajaremos para que este 29 de mayo (...) transcurra en este mismo sentido”, señaló Palacios al término del Consejo.
No obstante, las autoridades aclararon que la capacidad de la Fuerza Pública continúa en ofensiva contra los grupos al margen de la ley. Es decir, que aparte de lo mencionado continuarán buscando mantener la seguridad en las calles del territorio
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.