En las últimas 24 horas se registraron dos noticias judiciales que impactan el caso del polémico contrato que el Ministerio de las TIC firmó con la Unión Temporal Centros Poblados y por el cual están en riesgo de perderse 70.000 millones de pesos del erario.
Por un lado, vía tutela, un juez de Puerto Colombia (Atlántico) decidió suspender temporalmente la orden de caducar ese contrato que había impartido el Ministerio hace una semana y, con la cual, también determinó el embargo de 21 cuentas bancarias, 2 inmuebles y 71 vehículos.
Lo que se busca con esa decisión es que Centros Poblados regrese los $70.000 millones que están en riesgo y que se giraron como anticipo de un contrato por $1,07 billones para llevar conectividad a más de 7.000 colegios públicos de 15 departamentos. También se quiere que pague la cláusula de $39.000 millones que se acordó como penalidad.
“Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones Mintic Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”, se lee en el punto 4 de la decisión del juez, fechada del 24 de agosto, la cual ya fue notificada a las partes pertinentes, incluyendo el Ministerio.
Los apoderados de Centros Poblados alegan que se les violó el debido proceso, porque, a su juicio, no se les permitió a sus clientes demostrar que supuestamente no tiene relación con las pólizas falsas que se usaron de fachada para cobrar el anticipo que, según ha trascendido, se movió hacia Delawere, estado de Estados Unidos, que se considera como un paraíso fiscal.
De hecho, este martes la ministra Karen Abudinen informó que el contrato se le cedió a la bogotana ETB, pero la decisión queda frenada por rebote hasta que el juez de Puerto Colombia no se pronuncie de fondo sobre la tutela en cuyo marco decretó la medida cautelar de suspender la caducidad. Para eso, ya le pidió al Ministerio y a Centros Poblados nuevo material de análisis.
