Esta semana, el Gobierno ha tenido algunos triunfos en el Congreso por cuenta de dos proyectos de ley que venía impulsando con fuerza el Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales acaban de ser aprobados en la plenaria del Senado, a tres días de que termine la legislatura.
Uno de ellos es el proyecto de reforma a la justicia que avanzó a conciliación. La principal crítica que tuvo por parte de miembros de la bancada de oposición como la senadora Angélica Lozano fue por el artículo 67, en su segundo parágrafo, el cual fue eliminado en el informe de ponencia, pero que finalmente fue sumado.
Este consta de un cambio en los requisitos para ser fiscal, procurador, registrador y defensor del pueblo. Para lograr ocupar uno de estos cargos debe acreditarse experiencia en el campo, pero con lo aprobado no será necesario certificarla en el área estrictamente relacionada. Es decir que se podrá acreditar experiencia en áreas muy distintas, como la economía. La semana pasada, los reparos fueron del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis A. Hernández, pues para ser magistrado también se iba a poder acreditar experiencia en otra área. Él, aunque vio con buenos ojos la reforma, dijo que este parágrafo era “totalmente inconveniente”. El “mico” se eliminó para ser magistrado, pero no para los otros cargos. Al paso de estas críticas salió el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien ayer resaltó que con la reforma “se acercará la justicia a los ciudadanos con la creación de jueces itinerantes, se definirá la justicia como un servicio público esencial, y se avanzará en la equidad de género en la elección de los funcionarios de la rama”.
EL COLOMBIANO le consultó al penalista Francisco Bernate sobre si es o no positiva la reforma, y dijo que “es buena porque aumenta el presupuesto para la rama, pero el país necesita de una justicia cercana a lo digital, por lo que esta reforma está desconectada de ese objetivo”.
