El secuestro durante al menos 16 horas de un grupo de más de 30 soldados por parte de los habitantes de una zona fronteriza entre los departamentos de Guaviare y Meta, encendió las alarmas sobre la posible instrumentalización de las comunidades por parte de grupos armados ilegales para obstaculizar las acciones de las Fuerzas Militares.
La situación fue advertida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, mientras lamentó que los indígenas y los campesinos, principalmente, terminen en medio de los intereses criminales de las disidencias y el ELN.
“Este es un problema que por muchos años se ha presentado en el país y frente al que todavía no hemos encontrado una respuesta adecuada que respete la integridad de la población, que no implique una acción con la población. Sería muy grave que aún en defensa del honor, se produjera una reacción agresiva”, reveló el ministro.
Añadió que están en la planeación de un protocolo que les permita a las tropas en los territorios actuar de manera coordinada en donde pervalezcan los derechos de la población civil.
“Es un tema sobre el que estamos en este momento revisando con el comando de la Policía Nacional en hechos previsibles de asonadas o de movimientos de poblaciones que son promovidos ordinariamente por grupos armados ilegales, queremos tener planes de prevención para evitar que se consoliden esos hechos. La orden es que no enfrenten con las armas a los habitantes”, añadió el jefe de la cartera de Defensa.
En contexto: Ejército denunció el secuestro de 34 militares por parte de campesinos y disidentes en Meta
Sobre el reciente caso de secuestro, sucedió cuando los soldados apoyaban un operativo que adelantó la Fiscalía contra organizaciones criminales en el Guaviare. De regreso, el grupo fue interceptado y retenido por aproximadamente 60 personas, según explicó el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Seis funcionarios de la Fiscalía alcanzaron a ser evacuados vía aérea con los elementos que habían incautado durante el operativo, mientras que el pelotón fue “ilegalmente retenido presuntamente por la comunidad local”, señalaba un comunicado del Ejército.
En ese momento, el alcalde del municipio de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez López, se trasladó hasta la vereda para “dialogar con la población y abordar sus demandas”.
De acuerdo con el mandatario, esta presión del grupo ilegal “se da por las últimas capturas realizadas de la mano de la Fuerza Pública a esa estructura delincuencial” y anunció también el apoyo de “organismos internacionales y de derechos humanos para garantizar a la comunidad sus derechos”.
La comunidad fue “al parecer instrumentalizada por la comisión Marco Aurelio Buendía de las disidencias de las Farc, quienes exigieron la presencia de un funcionario público de este municipio en el lugar de los hechos”, denunció la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés Zambrano.
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