El Gobierno le pidió al Congreso agilizar el trámite de esa iniciativa legislativa que sentará las bases constitucionales para los diálogos de su “paz total”.
El Gobierno empezó a ponerle el acelerador a sus prioridades legislativas. El presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso el mensaje de urgencia al trámite de la prórroga a la Ley de Orden Público, que es la base para entablar diálogos con los grupos armados.
Es norma, la 418 de 1997, necesita ser renovada este mismo semestre para dejar en firme el sustento constitucional mediante el que comenzará a buscar la “paz total” con diversos grupos amados.
En la misiva Petro le solicita al presidente del Senado, Roy Barreras, y al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dar trámite de urgencia al proyecto de ley 160 de 2022 radicado en la Cámara, que es el que busca extender los plazos de la Ley de Orden Público.
Esa norma da facultades especiales al Ejecutivo para hablar con grupos ilegales, como los que ya se están adelantando con la guerrilla del ELN.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, ya adelantó que el objetivo de ese articulado es “hacer casi que una nueva ley con toda una política de paz”. Esa nueva política incluye, además de acercamientos con grupos armados, eventuales negociaciones para el sometimiento de bandas narcotraficantes.
Roy Barreras aseguró que “lo que se ha hecho hoy es novedoso, pues la concepción del orden público no es solo sometimiento, sino la convivencia pacífica (...) Esta es una ley de orden público y paz, que envía el mensaje que va en serio el compromiso con la paz de Colombia”.
