El mandatario nuevamente cuestionó que el Ministerio Público sancione a funcionarios elegidos popularmente y aseguró que “Colombia no es una dictadura”.
El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la destitución e inhabilidad que profirió la Procuraduría General, en cabeza de Margarita Cabello, contra el exalcalde de Cartagena, William Dau. Lo anterior, por cuenta de presuntas irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19.
“La Procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia”, manifestó el jefe de Estado, quien ha insistido en que, a la luz de un fallo a su favor proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio Público no puede inhabilitar ni restringir derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente.
“Colombia no es una dictadura, vamos a la construcción de una democracia real con estado social de derecho pleno”, agregó el jefe de Estado, quien varias veces ha cuestionado a la procuradora Cabello en casos similares por considerar que se viola la responsabilidad internacional del Estado.
Dau fue inhabilitado luego de que la Procuraduría determinó que durante su administración se seleccionó a la empresa Ventas, Distribución y Marketing sin que tuviera la capacidad para suministrar los kits de pruebas rápidas para el diagnóstico de Covid-19, teniendo en cuenta que no contaba con la disponibilidad de pruebas requeridas.
Este hecho ocasionó que la Alcaldía declarara el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de $725 millones. Por este asunto también fue sancionado el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro José Fortich.
Para el Ministerio Público, la falta de idoneidad del contratista “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”.
La Procuraduría agregó que la empresa, al parecer, no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la comercialización de pruebas rápidas y, además, los precios unitarios de los kits eran mayores a los ofrecidos por laboratorios acreditados y reconocidos, con experiencia además en el suministro de pruebas rápidas.
En el caso de Fortich Revollo, el órgano de control indicó que, al parecer, fue quien elaboró el documento que justificó la selección del proveedor, sin aparentemente verificar su idoneidad para ejecutar el contrato.
El exalcalde de la capital de Bolívar tiene vigente otra sanción de la Procuraduría por cuatro meses por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena, con ocasión del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir al Contralor Distrital de la ciudad.
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