Con el propósito de combatir la compra y venta de votos durante las elecciones regionales de este 29 de octubre, el presidente Gustavo Petro le ha pedido a la Policía Nacional y la Fiscalía, capturar a quienes identifiquen llevando a cabo este tipo de delito.
Una petición que desde este miércoles 25 de octubre, cuenta con el respaldo del ministerio del Interior y del de Defensa, quienes aumentaron incluso el valor a la recompensa que el mandatario ofreció a los ciudadanos que brinden información que permita dar con los responsables. Pasaron de cinco millones a 20 millones, y que según dijo el jefe de Estado en sus redes sociales, el mismo se encargará de entregar en persona.
“Yo mismo, entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero”, escribió en su cuenta de X, mientras adelanta su agenda en China.
La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, después de que el hubiera pedido a su cartera que realizara un estudio sobre la viabilidad de la iniciativa, encontrando entonces su equipo que si lo era, por lo que este mismo miércoles lo comunicó a la opinión pública de manera oficial, junto al ministro de Defensa, Iván Velázquez y el director de la Policía, Wiliam René Salamanca.
Velasco ha manifestado que el propósito de esta medida es combatir la corrupción electoral, dadas las numerosas alertas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, tras sus constantes investigaciones, a través de las que han identificado casas, bodegas y depósitos, que funcionan como reservas para guardar grandes sumas de dinero, destinado a la compra de votos.
Aunque funcionarios de la Fiscalía de Francisco Barbosa han manifestado sus reparos y criticas frente a la estrategia del Gobierno, pues al parecer, no los habrían tenido en cuenta a la hora de desarrollar la medida, por lo cual, toman la decisión en sí misma, como una forma de saltarse a las funciones y responsabilidades de la rama judicial.
