La rechifla y los cantos de protesta en contra del presidente Gustavo Petro el pasado 17 de noviembre antes del partido entre la Selección Colombia y Brasil, fueron el gran tema de las redes sociales durante varios días, hubo de todo: ataques a los hinchas, defensas al mandatario y comentarios inocuos que fungían de neutralidad. Detrás, como suele suceder con las polémicas que sacuden a la Casa de Nariño, hubo todo un movimiento de bodegas en redes sociales direccionadas para generar tendencias e indignación.
Del 18 al 21 de noviembre hubo en redes sociales 388.000 menciones del tema de Petro y la rechifla en Barranquilla, las hicieron 352.000 cuentas, una cifra que demuestra que no se trató de una respuesta orgánica de la ciudadanía sino de un movimiento orquestado por medio de bots o bodegas.
Este movimiento se hace evidente al comprobar que el 18 de noviembre, un día después del partido, las menciones pasaron de 52.000 a 91.000 en cuestión de horas. La tendencia se mantuvo hasta el pasado lunes 20 de noviembre.
Un análisis realizado con herramientas de escucha digital, nos permite ver que el 72 por ciento de todas esas publicaciones en redes sociales tienen un lenguaje neutral; el 23 por ciento negativo y solo el 4 por ciento brindan una perspectiva positiva. Muchos trinos en X mostraban un apoyo neutral al presidente Petro, o simplemente mencionaban su nombra a través de hashtag.
Ahora bien, los comportamientos de las publicaciones en Twitter permiten ver que la conversación estuvo jalada por bodegas cuando se ve el origen de las las menciones; Colombia tiene 124.000 y está seguida por Venezuela con 13.000, Estados Unidos con 12.000 y luego hay una distribución extraña: Turquía 1.600, Angola con 400, Arabia 200, Argelia 100, China 200, Turkmenistán 100, Rusia200 y Rumania 100.
La lista de los países con un aporte pequeño es enorme y muestra que detrás de las críticas o los comentarios a Petro por la rechifla en Barranquilla, fue cuando menos una estrategia hecha con programas de computadora.
Las campañas de desprestigio
Si bien se ha hablado mucho del uso de las bodegas de redes sociales para desacreditar a personas o intimidarlas, en este caso tiene una particularidad: y es que se estaría utilizando recursos del estado, es decir pagados por todos, para acallar la oposición o las voces críticas e incluso a los periodistas y medios de comunicación.
El mecanismo opera de la siguiente manera. Un crítico del gobierno publica algo que incomoda al gobernante (Maria Jimena Duzán, le pregunta que si tiene una adicción o Noticias Caracol revela el escándalo del ‘Pacto de la Picota’ o la congresista Kathy Juvinao deja al descubierto las irregularidades de la reforma a la salud) y a cada uno de ellos les cae un chaparrón de ataques gracias a miles de cuentas de la red X, muchas de ellas anónimas o falsas.
Se trata de un espacio virtual, pero si se trasladara al mundo de carne y hueso es como si una de estas personas empezara a caminar por la calle y la acosaran con gritos y le tiraran piedras por lo que acaba de decir contra el gobernante.
Y ahí está el problema, porque el Gobierno no puede hacer uso de los recursos públicos para acosar a la opinión pública, mucho menos para atacarla o injuriarla. Es curioso que los organismos de control hayan hecho investigaciones para sancionar a quienes han amenazado de muerte a los gobernantes desde las redes sociales, lo cual se debe hacer sin duda, pero no haya adelantado procesos para ver si desde los gobiernos, al utilizar y pagar por esos ejércitos anónimos de vándalos virtuales, se podría configurar algún tipo de delito o falla disciplinaria.
Así como en la campaña política lo que ocurría era una operación de destruir el carácter y el prestigio de sus competidores (ocurrió con Sergio Fajardo y con Alejandro Gaviria), ahora, ya en el gobierno, la maquinaria de bodegas de redes sociales se estarían dedicando a una operación de censura 3.0 (¿o ya vamos en 4.0?), porque, ante el acoso y el agravio, la opinión pública, la oposición y los contradictores del Gobierno, pueden preferir callar que someterse a ese escarnio público que si bien puede originarse en cuentas falsas produce un impacto en la sicología de cada persona y sobre todo le puede producir un daño reputacional grave.
“Están dispuestos a matar simbólicamente a quienes no piensan como ellos”, decía hace unas semanas la representante a la Cámara Catherine Juvinao en medio del llanto, y añadía: “Quieren acabar con nosotras. No creo que pueda resistir cuatro años así. Las armas del sicariato moral matan psicológica y afectivamente”.
Y el mecanismo funciona también a la inversa. Cuando algunos personajes públicos alaban al gobernante, las barras bravas virtuales salen a aplaudir al personaje para que sienta ratificada su forma de pensar. Sin duda, hay personajes públicos muy reconocidos, que más allá de puestos políticos quieren, o necesitan, ese reconocimiento. Así sea de miles de cuentas creadas desde un solo computador.
¿Con plata pública?
Las bodegas y los ataques a través de las redes sociales por parte del gobierno tuvieron una nueva discusión esta semana cuando la congresista Catherine Juvinao acusó al periodista Camilo Andrés García de conspiración, luego de que el comunicador indicara que Juvinao habría participado de una manipulación mediática en conjunto con los periodistas en medio de un debate a la reforma a la salud. Posteriormente, se conoció que algunos abandonaron el pleno de la Cámara debido a la “falta de garantías” en el debate.
“Si usted dice que su ‘trabajo’ es combatir la desinformación, pero al mismo tiempo usted tiene contratos con Presidencia y distribuye desinformación contra los críticos del presidente, usted debe responder disciplinariamente”, publico Juvinao en X.
La molestia no terminó ahí y la congresista, a quien las bodegas petristas han atacado sin clemencia, escribió: “La oficina de la Presidencia de la República de Colombia contratando bodegueros para que injurien y calumnien (ambas cosas son delito) a los críticos del gobierno. Presidente Petro, es muy grave. Usted debe aclararle al país si está financiando bodegas, y por qué”.
García habló con EL COLOMBIANO sobre las palabras de Juvinado y dijo que sí tiene un contrato con la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Casa de Nariño para investigar y entregar un informe sobre “desinformación y su relación con el ecosistema informativo del país”, un análisis académico .
Dijo García: “Yo no estoy haciendo ningún seguimiento, estoy haciendo un análisis de contenido, que es algo que hacen entidades privadas y públicas desde hace muchos años en Colombia. Lo llaman monitoreo de medios o monitoreo de redes sociales. Y yo hago mi método público, porque creo en la transparencia (...) ya he recibido varias amenazas de muerte por hacer esto”.
García negó que su trabajo se pareciera a un perfilamiento, aunque muchas veces movimientos de izquierda o derecha han querido hacer ser los monitoreos de redes como tal.
Juvinao también habló con EL COLOMBIANO: “Estamos viendo que servidores públicos, funcionarios, un asesor de la oficina de la Presidencia, sededica a amplificar este tipo de ataques calumniosos, como lo hizo él (García) conmigo la semana pasada, todo porque yo la semana pasada hice una denuncia junto a muchos congresistas de que nos estaban pupitreando unos artículos en la reforma a la salud el miércoles. Pues la bodega petrista coge mi video de declaraciones en los medios y se inventan una constitución”.
Dice Juvinao que el problema con García es que desde su cuenta amplificó las mentiras que le inventaron las bodegas petristas, algo que deja suspicacias si se tiene en cuenta el contrato de García con la Presidencia de la República.
La gran duda que queda ante este panorama, y más allá del estudio que realiza García, es si las bodegas que salen a defender a Petro y a atacar a quienes se atreven a poner en tela de juicio su actuar (casos como el de la periodista María Jimena Duzán o la escritora Carolina Sanín) están pagadas con dinero público. Las autoridades deberían investigar si la plata de los colombianos se va en estrategias de este tipo.
