Persiste malestar por veto a pesca artesanal de tiburones

Comunidades costeras dicen que el decreto atenta contra su seguridad alimentaria.

El país tiene 270.000 pescadores artesanales. Se desconoce el número exacto de los que se afectarán por el Decreto 281. FOTO Esteban Vanegas

Esta semana el Consejo de Estado podría pronunciarse de fondo respecto a la acción de tutela presentada por la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia –Asoarpescol– en contra del Decreto 281 del 18 de marzo de 2021, “por el cual se establecen medidas para la protección y conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia”.

La Asociación reclama que el decreto firmado por el presidente Iván Duque vulnera los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la vida y atenta contra la seguridad alimentaria de sus asociados y en general de los pescadores artesanales marítimos y continentales del Litoral Pacífico y parte del Caribe, que según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –Aunap– son aproximadamente 270.000.

El asunto es el siguiente: el pasado 26 de noviembre, en medio del espacio Prevención y acción, el presidente Duque anunció la decisión de prohibir en Colombia todo tipo de pesca de tiburones. Y es que si bien desde 2017 la pesca industrial de esta especie estaba prohibida en el país, aún era permitido la pesca artesanal para aprovechamiento de las comunidades costeras y la captura incidental, es decir, cuando se pescan accidentalmente ejemplares, sin que este sea el objetivo.

La medida, que se hizo oficial con la firma del decreto hace mes y medio, determina en síntesis que el tiburón, las rayas y las quimeras pasan de ser recurso pesquero a hidrobiológico, o se que se garantizan todas las condiciones para que estas especies cumplan con su rol ecosistémico, en el caso del tiburón, sea el encargado de mantener el equilibrio entre las especies y garantice los indicadores de salud del océano. Dicho sea de paso, El Ministerio de Ambiente debe tener listo en noviembre el plan para la protección y conservación de estas especies.

Posición de ambas partes

El ministro de Ambiente Carlos Correa justificó la determinación señalando que al ocupar el máximo eslabón de la cadena alimenticia en el mar, el tiburón “Esta decisión permite cuidar nuestros recursos naturales y nuestros ecosistemas”.

Correa precisó que la presencia del tiburón mantiene saludable el ecosistema al eliminar peces enfermos o débiles, evitando la proliferación de enfermedades, además de mantener el equilibrio entre otros depredadores y herviboros lo que repercute de paso en la conservación de arrecifes de coral.

El director de Conservación Internacional Colombia, Fabio Arjona reitera que el decreto era necesario porque la normativa vigente “ofrecía un panorama muy confuso en torno a la situación de esta especie en el país” que según registros no actualizados tiene alrededor de 76 especies de las 500 de tiburón existentes.

La reglemantación referida permitía hasta un 35% de pesca incidental en la actividad de tipo industrial, no obstante expertos en conservación señalaban que ni el porcentaje establecido contaba con un soporte técnico y científico vigente ni la comercialización producto de esta pesca accidental respondía a una regulación efectiva por parte de las autoridades, propiciando de paso el tráfico de aletas.

La academia también ha sentado su posición al respecto, señalando la gravedad de que el país permitiera la pesca incidental habiendo un vacío de información de más de 10 años sobre el estado de las poblaciones de tiburones, tal fue la advertencia de Juan Armando Sánchez, director del Laboratorio de Biología Molecular Marina de los Andes; y Paola Mejía-Falla, coautora de la “Lista de verificación de elasmobranquios marinos de Colombia”, quien sostiene que la prohibición total de la pesca de estas especies y el consecuente plan ambiental para su protección y conservación permite realizar una investigación profunda e incluso, conforme a sus estimaciones, sería posible corroborar la presencia en el país del 14% de las especies de rayas y tiburones reportados en el mundo, 2% más de los que se calcula acutalmente.

Los representantes de los pescadores artesanales señalan que este pudo ser el punto de encuentro para evitar un decreto que consideran perjudicial, así lo expresa Manuel Bedoya, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Pacífico.

“Claro que la investigación es necesaria y cada especie exige un tratamiento diferente, pero todo este análisis pudo haberse logrado con apoyo de los pescadores y materializarse en decisiones como la veda (prohibición cíclica para caza o pesca de una especie), como se hace por ejemplo con los camarones”, expresa.

Concretamente, lo que reclaman los pescadores artesanales, según señala Shirley Ardila Aguirre, representante legal de Asoarpescol, es que al prohibirse mediante este decreto cualquier tipo de accidentalidad en la captura de tiburones la pesca artesanal queda atada de manos “pues significa dejar de realizar la actividad pesquera ya que no existe un arte de pesca que garantice 100% la ausencia de incidentalidad”.

Este hecho, dice Shirley Aguirre, podría causar que los pescadores se vean expuestos a sanciones y multas en caso de que, producto de una captura incidental, las autoridades encuentren entre su faena tiburones.

La opción para evitar esto –indica Manuel Bedoya– es devolver al mar a los tiburones muertos capturados accidentalmente lo cual, por un lado configura un daño ambiental al contaminar el mar, y por otro es algo que “atenta contra nuestra seguridad alimentaria y subsistencia” pues una de las especies prohibidas está el tollo, un tiburón pequeño históricamente clave en la dieta y tradición cultural de comunidades del Litoral Pacífico y zonas del Caribe.

Judith Segura, representante del gremio pesquero en Buenaventura, sostiene que el decreto demuestra un “profundo desconocimiento” de la realidad histórica y el panorama del Litoral Pacífico. “Es toda la sociedad la que se afecta. Además de los pescadores están las ahumadoras, platoneras, vendedoras. La captura incidental de tiburón por parte de los pescadores artesanales va directamente a beneficio de miles de familias que reciben sustento o alimento. No hay un interés particular ni fines comerciales a gran escala”, insiste.

Más presión al panorama

Adriana Cadena, directora de la Confederación Mesa Nacional de Pescadores Artesanales indica que factores como la sobreexplotación producida por la actividad industrial, los impactos generados por proyectos portuarios como la sedimentación y la privatización de fuentes hídricas que causan desplazamiento de las comunidades pesqueras son algunos de las amenazas que afronta esta población "y a los que se suma ahora las consecuencias de un decreto que excluyó totalmente la posición de los pescadores artesanales".

Según cifras que entrega Cadena la producción total de la pesca anual en el país es de 153.000 toneladas, de las cuales la pesca artesanal marina aporta 25.000 toneladas. Colombia exporta 50.000 toneladas y su consumo interno asciende a 315.000 toneladas, quiere decir que importa 212.000 toneladas, cifras que concuerdan con lo que Judith Segura llama paradoja al asegurar que "mientras aquí se ponen trabas para pescar nuestro propio sustento llegan pescadores desde Ecuador, que trabajan con combustible más barato, hacen capturas y luego van y nos venden el pescado procesado".

En una audiencia pública en la Comisión Cuarta del Senado, en mayo de 2020, el congresista Wilson Arias aseguró que el 68% de los pescadores artesanales del país vive en pobreza extrema, cifra que responde a problemáticas derivadas de su actividad y otros factores socioeconómicos y ambientales.

Contemplando este contexto, en diálogo con este medio cuando se anunció el decreto en mención, la conservacionista y directora de la fundación Malpelo, Sandra Bessudo, manifestó que para el éxito de esta medida era fundamental llegar a consensos con los pescadores artesanales evitando “el dilema en blanco y negro entre la conservación de especies o la subsistencia, pues esto deja efectos negativos en ambos objetivos. Los pescadores han hecho esfuerzos para reducir la incidentalidad y no se puede entrar en el error de criminalizarlos ni confrontarlos”.

Shirley Ardila dice que por parte de las asociaciones elevaron 230 comentarios con argumentos técnicos para mostrar la impertinencia del decreto, pero no fueron valorados.

El ministro de Ambiente Carlos Correa aseguró que de maneja conjunta con el ministerio de Agricultura diseñarán una estrategia de pago por servicios ambientales para compensar los impactos que pueda tener la medida entre las comunidades costeras y puedan recibir un beneficio económico aportando, precisamente, en el plan de protección y conservación de estas especies con tareas como restauración de ecosistemas marinos.

El gran problema de esta propuesta, dicho por el mismo Correa, es lograr censar a la población que se verá realmente afectada. Y es que si bien el esquema de pago por servicios ambientales ha arrojado buenos resultados en la lucha contra la deforestación en la Amazonia, replicarlo a lo largo del Litoral Pacífico y parte del Caribe supone un reto complejo.

El director de la Aunap, Nicolás del Castillo, quien se posesionó hace cinco meses, ha enfocado su labor en acelerar la formalización de los pescadores artesanales lo cual, dice, es necesario para llegar a todo el sector con proyectos y estrategias.

Por ejemplo, actualmente va para segundo debate en el Senado un proyecto de ley para otorgar subsidios a los pescadores artesanales formalizados en tiempos de veda (hay 37 vedas en el país), de manera que durante ese período reciban medio salario mínimo como retribución por ayudar a restaurar ecosistemas, hacer monitoreo y demás.

Manuel Bedoya, quien lleva casi cinco décadas liderando luchas de los pescadores artesanales de Buenaventura, pide reorientar el rumbo que, dice, ha tomado el tema de la conservación. “Nosotros no somos los enemigos, sino los que ejercen la pesca ilegal y los que tienen intereses en desplazar la actividad pesquera para promover proyectos turísticos alrededor de estas especies, que es otra forma de explotación muy grave porque implica contaminación por plástico, por combustible, alteración a la fauna marina. Nosotros pescamos para vivir y por eso también nos interesa el bienestar de todo lo que hay en el mar”