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Paz y derechos humanos | PUBLICADO EL 13 mayo 2022
Víctimas piden a la JEP la expulsión de coronel retirado por falta de aportes a la verdad
Las víctimas consideran insuficientes los aportes del militar para esclarecer los falsos positivos.
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Héctor Alejandro Cabuya fue el comandante del Batallón Pantano de Vargas. FOTO COLPRENSA
EL COLOMBIANO
Organizaciones de víctimas pidieron formalmente a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que expulse al coronel retirado Alejandro Cabuya. Dicen que el excomandante del Batallón Pantano de Vargas no está dando aportes a la verdad en el caso de los falsos positivos, como lo exige el tribunal de paz.
En el alegato que entregaron las víctimas, afirman que el coronel (r) Cabuya se ha contradicho en sus versiones: “Al afirmar que los falsos positivos que permitió eran solo de paramilitares y que al mismo tiempo dijo que a él solo le importaban las bajas”, se lee en el documento conocido por la W Radio.
Las declaraciones por las que piden la salida del coronel Cabuya fueron entregadas en marzo pasado a la JEP. En un documento de 75 páginas el militar (r) afirmó que en su batallón los falsos positivos fueron contra “criminales” y no personas inocentes, como finalmente ocurrió.
A las razones para la expulsión, las víctimas suman que el militar (r) no ha entregado información sobre las fosas donde reposan los restos de las víctimas de desaparición forzada. Además, indican que Cabuya no ha sido claro en explicar cómo los paramilitares formaban parte del entramado que cometía los falsos positivos.
“Si bien ha aceptado responsabilidad por omisión y participó en la diligencia de versión voluntaria, este ejercicio parece obedecer más a una instrumentalización del sistema que a un compromiso real con las víctimas”, dicen las organizaciones.
Las organizaciones que firmaron esta petición fueron el Colectivo José Alvear Restrepo, el Colectivo Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El historial de Héctor Alejandro Cabuya con la justicia se remonta a 2011. Ese año la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en su contra por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción agravado.
Pese a la orden de captura, el coronel (r) se mantuvo prófugo de la justicia colombiana. En 2017 la Interpol inició su búsqueda con la emisión de una circular roja. Finalmente fue capturado ese mismo año por la justicia de Estados Unidos, desde donde lo deportaron a Colombia.
Tiempo después la JEP lo acogió para que rindiera su versión sobre el conflicto. Será este mismo tribunal quien determine si acoge los argumentos de las víctimas y decide expulsar o no al militar retirado.
