Los integrantes del extinto Secretariado de las Farc que reconocieron su responsabilidad en el delito de secuestro el pasado mes de junio, se preparan para recibir la que será la primera sentencia emitida por la Justicia Especial para la Paz, JEP, la cual se hará en el mes de septiembre.
“Hemos venido aquí como último Secretariado de las desaparecidas Farc y como Rodrigo Londoño, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”, expresó Timochenko, último comandante armado que tuvo esa guerrilla antes de deponer las armas.
La pena a pagar estará enmarcada en la figura de la justicia restaurativa, es decir, aquellos exguerrilleros que reconozcan los hechos y aporten verdad no irán a la cárcel, y a discreción de la JEP, obtendrán penas alternativas que contemplan “la realización de trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador, acompañadas de medidas de restricción efectiva de libertades y derechos por un tiempo de 5 a 8 años”.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, ha expresado a través de distintos medios de comunicación que será la Sala de Reconocimiento la que evaluará las acciones de los excombatientes y el nivel de gravedad, lo que conllevará a que esta misma instancia “determine cuáles son los hechos punibles, el grado de aceptación de los mismos y las sanciones que deben imponerse a quienes son considerados criminales de guerra y autores de delitos de lesa humanidad”.
Para tal fin, la JEP podrá aplicar otro tipo de penas que van desde las alternativas hasta la privación de la libertad. (Ver Qué sigue).
Los involucrados
Los primeros en recibir la sentencia serán los siete miembros del antiguo Secretariado. Ellos son: Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Pablo Catatumbo Victoria (Pablo Catatumbo), Pastor Lisandro Alape Lascarro (Pastor Alape), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Juan Ermilo Cabrera (Bertulfo Álvarez), Jaime Alberto Parra (el Médico), Julián Gallo Cubillos (Carlos Lozada) y Rodrigo Granda Escobar, conocido en sus años de guerra como el “Canciller”.
Cada uno de ellos fue señalado responsable por el delito de secuestro y, en esa vía, fueron imputados por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad que incluyen el trato a los secuestrados, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, expresó la JEP.
¿Sentencia tardía?
Desde el inicio de labores en marzo de 2017, esta es la primera vez que la JEP emitirá una sentencia. Para algunos sectores de la sociedad colombiana, entre los que se cuentan políticos, algunos grupos de víctimas y opositores a este sistema especial de justicia, que la JEP emita una sentencia en un lustro de existencia, es muy poco, además, no contribuye con el deseo de verdad y justicia que amparan algunas de las víctimas de los exguerrilleros mencionados.
Tal es el caso del general (r) Luis Mendieta, secuestrado por las Farc durante 12 años, quien expresó a EL COLOMBIANO que las penas alternativas planteadas por la JEP para los excomandantes de las Farc solo contribuirá a la impunidad que no quieren las víctimas del conflicto armado.
“Ellos no han contado la verdad y por esto las víctimas no estamos satisfechas. A nosotros (militares y policías) por ejemplo, no fuimos tenidos en cuenta en la Comisión de la Verdad. Sumado a esto, lo que queremos es justicia y esperamos que haya penas ejemplarizantes, pero con la JEP no las va a ver”, expresó el general (r) Mendieta.
La otra inconformidad con las primeras sentencias que dictará la JEP es que ha sido un proceso lento. Sin embargo, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, señala que es un proceso que requiere verificación y estudio de información para tomar una decisión en el marco de una justicia restaurativa contemplada en el Acuerdo Final de Paz pactado con las Farc.
“Se debe tener en cuenta que el tema de las jurisdicciones especiales transitorias tiene sus tiempos estipulados. Por ejemplo, si miramos Justicia y Paz, que sirvió como marco para la desmovilización paramilitar, la primera sentencia la hicieron cinco años después de entrar en vigencia, y en 22 años de funcionamiento, se han dictado 65 sentencias”, dijo el experto.
Las primeras decisiones que recibirán los excomandantes de las Farc se dan bajo la figura de cadena de mando, es decir, el reconocimiento de hechos perpetrados por los guerrilleros, pero cuya responsabilidad inicial recaería sobre lo que comandaron los hombres que cometieron los delitos de los que se les acusa.
