Después de que la Ley de Sometimiento a la Justicia fuera presentada a la opinión pública como la posibilidad real de desarticular grandes estructuras criminales que operan en el país, ninguna de ellas se acogió a la justicia durante los seis meses en los que podían hacerlo. El plazo vence mañana y, aunque no se logró ese primer objetivo, la normativa sí da más dientes para que la Fiscalía y la Fuerza Pública las combata.
El Gobierno de Juan Manuel Santos puso un plazo fatal para el acogimiento de las bandas criminales, convencido de que las negociaciones con el Clan del Golfo eran un hecho, pues ya “Otoniel” había hecho público su interés en un video y, tras bambalinas, se decía que adelantaban negociaciones en Panamá, hecho que jamás fue confirmado.
Pero cuando la ley fue sancionada, los abogados de estas estructuras se dieron cuenta que en la práctica no les servía. El aumento de las condenas que la misma regulación planteaba, hacía que las reducciones de penas por someterse voluntariamente no tuvieran sentido. Sería lo mismo someterse de manera individual sin el peso de tener que entregar información, rutas y bienes. Además, la posibilidad de ser extraditados seguía viva.
“No hay incentivos, esta no es de ninguna manera una ley para el sometimiento”, explicó Fernando Quijano, presidente de Corpades.
Esto, sumado a las dificultades internas del Clan del Golfo, cuyos varios jefes no estaban de acuerdo con la entrega y terminaron formando sus propios grupos, como “Los Caparrapos”, en el Bajo Cauca antioqueño, aumentó las dificultades para lograr que “Otoniel” y su gente dejaran de delinquir.
