El retorno a sus territorios de 900 indígenas del corregimiento del Valle, de Bahía Solano, Chocó, fue aplazado este miércoles ya que los nativos denunciaron que no contaban con las condiciones de seguridad necesarias, según una comunicación que le enviaron al alcalde de esa población, Ulmer Mosquera Gutiérrez.
“Efectivamente, el retorno estaba programado para hoy (miércoles), pero a último momento los indígenas enviaron un comunicado al señor alcalde diciéndole que consideraban que no se daban las condiciones dadas para retornar”, le dijo a COLPRENSA Vanessa Palacio, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Chocó.
En este comunicado se destaca que no se ha permitido la presencia de sus propias formas de protección, como es la guardia indígena.
Además, piden que dentro de las condiciones se tenga en cuenta su forma de gobierno autónomo. “Se hace necesaria una concertación real con las comunidades, con el objetivo de garantizar los tres requisitos para el retorno, pues estos no deben atender a un mero carácter técnico, apartado de la realidad de la comunidad y su cosmovisión”, dice el comunicado.
También señalan que el pasado 13 de enero se realizó un comité en el que se establecieron las garantías para el retorno, pero denuncian que hasta este momento no hay condiciones suficientes en los informes de seguridad y no ha existido coordinación entre las entidades públicas.
Sin embargo, Palacio destacó que la Unidad envió todos los alimentos que estaban concertados para el proceso de retorno y con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hicieron una solicitud para definir la nueva fecha, pero aún no ha sido confirmada.
El alcalde Mosquera, no obstante, publicó en su cuenta de Twitter que el regreso al territorio se realizaría este jueves.
Este grupo de indígenas huyó de su territorio a principios de diciembre tras el asesinato del líder de la comunidad Embera Dovida, Miguel Tapí Rio. El crimen, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones, fue perpetrado por hombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una facción paramilitar que hace presencia en esa región chocoana.
El homicidio obligó al desplazamiento masivo de 199 familias de las comunidades El Brazo, Boro Boro, Bacuru Purrú y Poza Mansa asentadas en el resguardo Alto del Río Valle.
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