Ante la avalancha de cuestionamientos sobre el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, las delegaciones de ambas partes decidieron que la subcomisión de juristas volverá a congregarse para “buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos”.
En un comunicado conjunto indicaron que ayer se reunieron los negociadores en La Habana, “en un ambiente respetuoso y constructivo” y con presencia de los países garantes (Cuba y Noruega).
Informaron que los juristas volverán a debatir las posturas el próximo 17 de octubre y a partir de allí desarrollarán un cronograma de trabajo.
El meollo del asunto sigue siendo la trasescena del acuerdo sobre la justicia y las víctimas, firmado el pasado 23 de septiembre, y del cual en principio la opinión pública solo conoció un comunicado de 10 puntos en desarrollo.
Después salió a relucir que en realidad lo pactado se contempla en un documento más extenso de 75 puntos, que todavía está en etapa de construcción.
Los opositores sospecharon que la no publicación de ese texto más largo, significaba que el Gobierno quería ocultar algo. El expresidente y senador Álvaro Uribe, por ejemplo, indicó que con ello se pretendía esconder que no habría cárcel para los insurgentes.
El exmandatario ha moderado un poco su discurso frente al tema, aunque ayer volvió a declarar: “insistimos en la necesidad de que los cabecillas de las Farc vayan a la cárcel, así sea sentencia reducida o una granja agrícola con condiciones penitenciarias. La falta de cárcel engendra nuevos criminales, la falta de cárcel no disuade al criminal. Que no vayan a la cárcel los guerrilleros rasos es entendible, pero los cabecillas deben ir”.
Concluyó que “reparar a las víctimas no es castigo, es una obligación ética”.
