Ser víctima del conflicto es difícil, de ello dan cuenta más de 8 millones de personas que en Colombia han cargado con el lastre del conflicto armado, pero lo es más si se está en situación de discapacidad, una mezcla de abrumadora vulnerabilidad.
Por eso la agencia de cooperación de Japón (Jica) ha estado interesada en ayudar a Colombia a mejorar la calidad de vida de las personas que cuentan con las dos condiciones, y durante cinco años llevó a cabo un proyecto piloto para generar capacidad instalada en cinco municipios: Granada y Marinilla en Antioquia; Lebrija, en Carmen de Chucurí y Puerto Wilches, en Santander. (Ver Informe)
Este proyecto no hace distinción entre quienes tienen una discapacidad congénita y quienes la adquirieron por cuenta del conflicto.
La principal inversión económica se dio en Granada con la puesta en marcha del Centro de Inclusión Social Senderos de Esperanza, para lo que la embajada de Japón cooperó con 120 millones de pesos, lo demás fue la asesoría en capacidad técnica de las entidades como la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, las alcaldías, Descontamina Colombia, entre otros, que no ha sido cuantificada ni por el país cooperante ni por las entidades.
Naoki Kamijo, representante de Jica, indicó que “la Ley de Víctimas implica para Colombia una gran apuesta, la cual quiere acompañar el Gobierno de Japón, para fortalecer la capacidad técnica de sus instituciones que se encuentran en este proceso de reparación, garantizando el enfoque diferencial”.
De acuerdo con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, el apoyo de Jica fue muy importante durante estos cinco años para “lograr el fortalecimiento de capacidades y la articulación del Gobierno, con sus ministerios y los entes territoriales para la inclusión social de esta población con más condiciones de igualdad”.
E indicó, además, que “estas experiencias deben ser replicadas en los demás municipios colombianos para la atención de las víctimas con discapacidad, cuya población asciende a 340.000 personas en el país”.
