En el primer semestre de 2020 el Gobierno Nacional tiene confirmados el asesinato de 37 líderes sociales en el país, un 33 % menos de los que se confirmaron en el primer semestre del año anterior, sin embargo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sigue verificando otros 49 hechos que dejarían a Colombia en cifras récord.
El segundo informe de la consejera para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, dice que dos de las 37 víctimas confirmadas eran personas que además de líderes sociales también eran excombatientes, y cinco eran mujeres.
En el último trimestre hay 11 casos confirmados y 27 en verificación. En este periodo “los homicidios acaecieron en territorios donde previamente esta consejería ha identificado como zonas de riesgo para la violación de derechos humanos por cuenta de actores armados no estatales, pertenecientes a grupos armados organizados ilegales”, dice el documento de 159 páginas.
De los territorios más afectadas por este fenómeno criminal, el informe destaca: “Por un lado, la zona norte de país, en especial el Catatumbo en Norte de Santander, las zonas sur de los departamentos de Córdoba, Cesar y Bolívar. De otro lado, la zona sur occidental, los departamentos del Cauca y Valle entre otros”.
Y con respecto a la tipología del liderazgo encontramos que, cuatro víctimas ejercían el liderazgo comunal, dos se confirman como líderes comunitarios; dos líderes sociales; dos líderes ambientales y un líder campesino.
Los esfuerzos estatales
Muchos son los esfuerzos que resalta la consejera Gutiérrez en su informe, desde la implementación del Plan de Atención Oportuno (PAO) a las comunidades de mayor riesgo, pasando por el Comité Nacional de Garantías, hasta el esquema individual brindado por la Unidad Nacional de Protección a 4.895 líderes sociales, quienes representan el 68 % del total de los protegidos.
Relata por ejemplo cómo el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Holmes Trujillo, mantuvo la campaña para dar con los “más buscados” de los grupos armados organizados que amenazan la existencia de los líderes sociales, logrando un 52 % de efectividad con 31 capturas y dos muertes en desarrollo de operaciones militares. Desde 2016 son 413 las capturas relacionadas con los asesinatos de líderes.
Y la Fiscalía logró sentencia contra tres responsables por estos crímenes en el último trimestre.
Gutiérrez también dio cuenta sobre cómo la Consejería para la Estabilización y Consolidación, a cargo de Emilio Archila, implementó un plan para la protección de líderes del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS).
Sin embargo, esta sigue siendo “la mayor preocupación” de la Misión de la ONU en Colombia, tal y como lo manifestó ayer ante el Consejo de Seguridad el representante especial Carlos Ruiz Massieu.
“Lamentablemente esta inseguridad ha continuado durante la pandemia... Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de paz en Colombia”, insistió Ruiz Massieu.
Según el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, esta no es solo responsabilidad del Gobierno Nacional, sino que las autoridades locales y regionales son quienes tienen que formular estrategias y movilizar recursos para “garantizar la defensa de la vida, del liderazgo social, de la participación política”.
