La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su examen preliminar en Colombia, medida que aún genera debates, sigue siendo resaltada en diversos escenarios por el Gobierno. Tras siete días del anuncio que cambia el panorama judicial del país ante la mirada internacional, aún hay reacciones por el papel que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) juega en Colombia.
Al debate entre el presidente Iván Duque y el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, por la petición de legitimidad que hizo este último, se sumó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez Alzate, quien le pidió al magistrado no sembrar “nubarrones en la comunicación”.
No obstante, en diálogo con EL COLOMBIANO, Gómez Alzate aseguró que los impases ya están solucionados y que el Gobierno Duque avala que la JEP tenga un diálogo directo con la Corte cuando lo considere necesario, siempre y cuando no se salte la prevalencia diplomática de Duque.
También destacó los alcances de la decisión de la CPI.
¿A qué se refería con “sembrar nubarrones” en la carta que le envió a Cifuentes?
“El proceso de cierre del Examen Preliminar de Colombia por parte de la CPI empezó hace un año y medio con una estrategia jurídica y diplomática que concluyó en el reconocimiento de la Corte penal internacional sobre los avances de JEP, Fiscalía, Justicia y Paz, y otros organismos como el Consejo de Estado y la Unidad de Reparación de víctimas.
Precisamente por ese conjunto de elementos, y por la labor diplomática realizada, se logra el cierre del Exámen. La carta va dirigida al doctor Cifuentes para que no se retroceda en ese frente, pero ese es un episodio que incluso fue aclarado con él mismo durante este fin de semana”.
Cuando dice que “está aclarado”, ¿a qué se refiere? ¿Hablaron, se escribieron?
“Yo he mantenido una relación permanentemente positiva con la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos conversado y cooperado. La Jurisdicción nos envió toda la información, revisaron el Informe Colombia, que fue la base para el cierre del examen. Creo que son coyunturas, lo importante y lo de fondo es que el país no tiene hoy un examen preliminar en la CPI y es un hecho supremamente positivo para la justicia colombiana”.
¿Qué podría pasar si no llegara a cumplirse el Acuerdo firmado entre la Corte y el Gobierno?
“El Estado colombiano, de manera voluntaria, presentó una serie de informes y de conclusiones que permitieron que la justicia ordinaria y transicional operaran y demostramos que operan bien.
Desde luego, eso implica un compromiso de la justicia colombiana de avanzar, no bajar la guardia y de llegar a conclusiones en los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que son los que le competen a la CPI. Hay que mostrar resultados”.
¿Qué papel específico jugará la JEP ahí?
“Especialmente la JEP, que tiene bajo su competencia la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, tiene una enorme responsabilidad y un gran trabajo por delante.
La CPI y los colombianos esperan sanciones y juzgamientos en todos los casos, pero especialmente en los de las Farc. 50 años de conflicto con las Farc y las víctimas están esperando resultados contundentes”
¿Ese es un llamado a que la JEP emita las primeras sentencias pronto?
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tarda 21 años en emitir una decisión final en un caso. Otros tribunales han tardado más de 15 años con un volumen menor de sentencias.
La JEP lleva cuatro años en ejecución y está avanzando. Claro que todos los colombianos estamos esperando resultados prontos, pero también hay que darle a la JEP la posibilidad de que investigue y cuente la verdad. Es que aquí la investigación en la justicia transicional es sobre la verdad, no solo sobre el delito. Y los de las Farc también les falta mucha verdad por contar”.
En el Acuerdo se pactó que la JEP tendrá una comunicación directa con la CPI y que podrá avisarle si nota algún obstáculo para desarrollar su trabajo...
“Si algo tiene el Gobierno Duque es que ha cooperado en todo. Ahí están los presupuestos, las facilidades e incluso hay instrucciones de la misma Agencia (...) de respaldar las instituciones del Acuerdo de Paz.
La comunicación internacional y el manejo de las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del presidente de la República (Iván Duque) como jefe de Estado.
Pero el estado colombiano no tiene vetos para que la CPI acceda a información. El doctor Cifuentes ha sido muy claro en decir que él mismo informaría si hay interferencias. Hasta ahora no las ha habido. Estamos de acuerdo. Pero claro, lo que la Corte está esperando es recibir los informes sobre los avances”
