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Paz y derechos humanos | PUBLICADO EL 21 septiembre 2021

El caso de un desaparecido en Medellín llega a la Corte IDH

  • La comuna 13, 19 años después de la Operación Orión. Foto: Robinson Sáenz Vargas.
    La comuna 13, 19 años después de la Operación Orión. Foto: Robinson Sáenz Vargas.
  • La comuna 13, 19 años después de la Operación Orión. Foto: Robinson Sáenz Vargas.
    La comuna 13, 19 años después de la Operación Orión. Foto: Robinson Sáenz Vargas.
El Colombiano

Arles Edisson Guzmán Medina fue desaparecido a finales de 2002. Fue raptado mientras se encontraba en un restaurante de la Comuna 13 de Medellín por personas que se identificaron como paramilitares para ser interrogado por un comandante. En el contexto de los hechos “(...) no consta que el Estado haya realizado diligencia alguna para proporcionar una respuesta sobre el paradero de la víctima”.

Así lo concluyó el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presentó el caso de Guzmán el 5 de septiembre pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En él se concluye que el Estado colombiano “violó el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales reconocidos por la Convención Americana” y “violó el derecho a las garantías y la protección judicial en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por la falta de debida diligencia en la investigación”.

El informe, del que se conoció un comunicado de prensa, señala que el Estado no investigó los hechos en un plazo razonable. Las diligencias para juzgar a los responsables y determinar el paradero de la víctima son calificadas como “escasas”. Para determinar esto, la CIDH se basó en una serie de hechos que confirman, en su parecer, la poca actuación del Estado, como que la investigación no fue emprendida de oficio, sino únicamente a partir de las denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo y por el hermano de la víctima.

Las autoridades no activaron una búsqueda inmediata desde que se conoció su desaparición, el 6 de diciembre de 2002, ni cuando inició la primera investigación formal”, dice la Comisión, “ello, a pesar de haber indicios de una desaparición forzada, situación que exigía una respuesta expedita y exhaustiva en las primeras horas de conocida la desaparición”. Tras señalar que el Estado finalmente unificó todas las denuncias, la Comisión critica que fueron suspendidas en 2004 “sin haberlas investigado diligentemente ni diseñado o agotado líneas de investigación”.

A pesar de que en el informe se tuvo en cuenta la realización de una investigación sobre la participación de grupos paramilitares en la desaparición de otras personas en la Comuna 13, “no se contó con información que indicara que el caso de la víctima estuviera incluido originalmente”. El Estado presentó además la condena de una persona como autor indirecto de la desaparición de la víctima, pero la Comisión no tuvo acceso “a información que indicara que esta condena contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de lo ocurrido, ni que hayan sido investigadas otras posibles responsabilidades, incluyendo de autoridades estatales”.

La Comisión no pasa por alto que semanas antes de la desaparición de Guzmán Medina se llevó a cabo en Medellín la Operación Orión en la Comuna 13. “En el marco de dicho operativo se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. Órganos nacionales, así como autoridades judiciales en el marco de la jurisdicción de justicia y paz, indicaron que la operación fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional”, indica el comunicado de prensa, además de señalar:

Existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia, el contexto específico de colaboración en la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos, así como la actuación de la fiscalía y agentes estatales en el presente caso”, en referencia al contexto que cobijó la desaparición de la víctima en Medellín.

En sus apartes finales, la Comisión recomienda una serie de acciones al Estado colombiano en relación al caso particular que se estudia. Solicita investigar “de manera completa, imparcial y efectiva” el paradero de Arles Edisson Guzmán Medina y, de ser el caso, “adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos”.

Además, “llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el informe y conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.

Finalmente, la Comisión recomienda al Estado “reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos”, dice, en ”un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la implementación de un programa adecuado de atención en salud física o mental a sus familiares, en consulta con estos” y adoptar las medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares”, lo que deberá incluir medidas legislativas, administrativas o de otra índole.

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