Por primera vez desde la existencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el Estado colombiano le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trasladar 218 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que es un recurso “sobreviniente, adecuado y efectivo”, que debe ser agotado antes de llegar a cualquier otro estamento internacional.
En un documento de 18 páginas –conocido por EL COLOMBIANO y enviado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica a la CIDH el pasado 3 de septiembre–, el Gobierno justificó que dichos casos tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado y que, en ese sentido, deben pasar primero por la justicia especial que rige en el país, refiriéndose a la JEP.
Incluso, la Agencia Nacional de Defensa aseguró que 82 de los casos que quiere trasladar coinciden con los macro-casos de dicha jurisdicción.
Sin embargo, el Gobierno no ha revelado los detalles de esas peticiones que, actualmente, están en la jurisdicción de la CIDH. Aún así, adelantó que los procesos están vinculados con “toma de rehenes, muertes ilegítimamente presentadas como bajas por agentes del Estado, reclutamiento, utilización de niños en el conflicto armado”, y situaciones de violencia en territorios específicos como Nariño, Urabá y Cauca.
Ahora bien, desde la perspectiva de Sebastián Bitar, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, trasladar los casos de una institución a otra implicaría cambios de fondo sobre el carácter de las decisiones.
Mientras que la Comisión juzgaría al Estado y emitiría recomendaciones u órdenes en contra de él, la JEP buscaría responsables particulares y, dado su carácter penal, podría condenar a personas específicas.
Así las cosas, Bitar explica que, pese a que no necesariamente es la intención del Gobierno, como consecuencia de ese cambio hacia la JEP el país se vería beneficiado porque dejaría de ser juzgado en esos 218 casos ante ese órgano internacional.
En todo caso, según dijo Bitar, resulta “contradictorio” que el Gobierno legitime el poder de la JEP “cuando es bien sabido que el partido de Gobierno, el Centro Democrático, crítica constantemente las instituciones que surgieron del Acuerdo de Paz” .
