La justicia es uno de los temas más complejos en la negociación, pero por primera vez, como afirman los analistas, las Farc se muestran dispuestas a ser juzgadas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no entregarán las armas. Aquí otras claves para entender el avance de la negociación, anunciado este miércoles en La Habana.
Contexto de la Noticia
Por Javier Alexander Macías
La dejación de armas es el punto principal para la transición de la clandestinidad a la que están sometidas las Farc, y el comienzo del camino para llegar a una vida pública. El desarme de los frentes guerrilleros tendría también un plazo definitivo que llevaría, en esa vía de transición, a la posible concentración de los insurgentes en zonas verificadas por una veeduría internacional. Pero, ¿por qué se habla de dejación y no de entrega? El profesor e investigador de la facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez Romero, explica que es más fácil para la subversión hablar de dejación que de entrega, “pues para ellos la entrega es sinónimo de rendición, y el pensamiento de los guerrilleros es que llevan 50 años defendiendo sus ideales -y hay que entenderlos-, y entregar las armas sería una derrota”.
Además, para el profesor Velásquez Romero, el tiempo de dos meses para la dejación de armas, después de la firma del acuerdo final, es concebido para que concuerde con la aprobación del acto legislativo propuesto hace unas semanas por el Gobierno Nacional. “Ellos calculan que en mayo estaría terminando el segundo debate, y si las Farc ven con satisfacción ese acto legislativo, accederían a aceptar las normas claras para la implementación de los acuerdos. Si no se da, ellos dirán que aun no es tiempo para dejar las armas, entonces se presentará un pulso y terminarán solicitando una Asamblea Constituyente en el país”. El tema de la dejación de armas fue aceptado por las Farc y su comandante, alias “Timocenko”, quien expresó que por ahora corresponde a las partes “construir consensos que nos acerquen al cese el fuego bilateral”, y ese camino lo emprenderían desarmando las estructuras presentes en el país.
Por Juan David Umaña
Con respecto al compromiso de satisfacer el derecho de las víctimas, tanto en su reparación como en el conocimiento de la verdad, el comunicado conjunto revela que se creará una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, “y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas”, indica el comunicado conjunto. Agregaron que la creación de la Jurisdiccción Especial para la Paz buscará, entre otros temas, obtener verdad y contribuir a la reparación de las víctimas. Para Jorge Gallego, magíster y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York y profesor de la Universidad del Rosario, la reparación debe estar acompañada de la verdad y una terapia cognitiva. Asegura que una de las formas de prevenir consecuencias negativas de la firma de la paz es una combinación óptima de reparación económica con una rehabilitación sicológica, tanto de víctimas como de victimarios. “Sin duda alguna el tema de la verdad es uno de los desafíos mas grandes de los que enfrentará el Estado colombiano en un escenario del posconflicto. Sin verdad es difícil que haya una recuperación completa. Investigaciones demuestran que reparar economicamente funciona pero se ve potenciado cuando se acompaña de tratamientos sicosociales que puedan ayudar, hasta cierto punto, a reincorporar a la sociedad a las personas involucradas en el conflicto”, indicó Gallego. Agregó el experto que es necesario que el Estado colombiano se prepare para tener una infraestructura institucional, económica y política para implementar acuerdos que realmente reparen a las víctimas y no se cometan errores como lo que ha sucedido con la restitución de tierras.
Por Gustavo Gallo Machado
El Gobierno y la Farc estuvieron de acuerdo en que el grupo guerrillero, a futuro, se transforme en un movimiento político que pueda recibir el voto ciudadano en las urnas. Según lo establecido en el punto 10 del acuerdo, las Farc contarán con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden con el ánimo de evitar un genocidio como el que ocurrió con la Unión Patriótica. En ese sentido, el mensaje del presidente Juan Manuel Santos fue claro: “a nosotros como Gobierno nos corresponde dar todas las garantías de seguridad a las Farc”. Para el exministro del Justicia y exfiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, aunque no hay plena claridad de cómo será la participación política de la guerrilla a futuro, pues eso hace parte de lo que se tiene que acordar entre las partes, valora que lo que se acordó ayer en La Habana es mucho más de lo que se hubiera pensado en materia de justicia. “Se llegó a una formula que blinde el proceso no solo a nivel interno sino también de los compromisos internacionales de Colombia”. “Hay que tener claro que ningún grupo armado se desmoviliza para irse para la casa y es evidente que su interés (el de las Farc) siempre ha sido participar en política. De hecho una de las críticas históricas que le ha hecho el país a la guerrilla es que cambien las balas por los votos. Esta es la oportunidad. En todo caso no se ha definido quienes de ellos finalmente podrán participar. En Colombia la gente suele confundir participación en política con llegar al Congreso de la República habrá otros espacios para hacerlo como un concejo, una alcaldía, una gobernación. En cualquier caso considero que el panorama está abierto”.
Por Javier Alexander Macías
No es la primera vez que el presidente Juan Manuel Santos fija un plazo definitivo en el proceso de paz. El 12 de julio pasado, en medio de la crisis que atravesaban los diálogos, expresó que en cuatro meses -es decir, 12 de noviembre próximo-, evaluaría si continuaba en la mesa o suspendía la negociación. Ayer, en el anuncio del acuerdo sobre el tema de justicia, Santos volvió a fijar una hora cero: en seis meses se deberá tener lista la firma del acuerdo final y terminar así con más de 50 años de hostilidades. “El jefe del secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final”, dijo Santos. ¿Qué indica este plazo? En palabras del integrante de la Comisión Facilitadora de Paz, Jaime Bernal Cuéllar, este lapso solo reafirma que el proceso de paz ha entrado en la recta final y su reversión es ahora un asunto complejo. “No creo en los plazos de Santos, sin embargo, con el anuncio de ayer se certifica que en los acuerdos se ha llegado tan lejos que ni el Gobierno ni las Farc estarían dispuestos a echar por la borda lo concebido en más de dos años de negociación”. Con este plazo, dice Bernal Cuéllar, se hundiría el pie en el acelerador para el fin del conflicto, petición hecha en varias ocasiones por el presidente Santos en respuesta a las declaraciones de las Farc que insistían en que a un proceso de negociación no se le debe poner plazos. “De alguna forma, con este anuncio, se lograría calmar los ataques de la opinión pública ante la lentitud de la firma de varios puntos de la agenda que han llevado a criticar el proceso”, indicó Bernal. Este punto tardó nueve meses en acordarse, el más largo en la negociación con la guerrilla.
Por Daniel Armirola
Uno de los puntos que caracteriza lo que sigue del proceso es la justicia transicional, utilizada como herramienta para que, sin que se pierda el juzgamiento de los guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, se pueda lograr perdón, reconciliación, y, en última instancia paz. Frente a esto y refiriéndose al seguimiento internacional que tendrá el Tribunal Especial, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “la jurisdicción se conformará, como corresponde, en el marco de nuestra Constitución y respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada”. Consultado por EL COLOMBIANO, Raúl Eduardo Sánchez, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, consideró que el mecanismo de justicia transicional, tal como afirmó Santos, va en la dirección de la normativa global: “El Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra, que hace parte del marco normativo del Derecho Internacional Humanitario, prescribe que después de terminado un conflicto se debe conceder “la amnistía más amplia posible”. Si se compagina esto con la Constitución de Colombia, se puede ver que ante los delitos políticos como la rebelión, procede el perdón, el indulto y la amnistía. Frente a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, procede el mecanismo de justicia transicional. Por tanto, las leyes internacionales no serán obstáculo ante el proceso. Más bien, la justicia transicional va en la línea de la normativa global: se trata de una justicia restaurativa, que piensa en las víctimas, en vez de una justicia vengativa. Se habla de verdad, reparación, restitución, garantías de no repetición, actos de reconciliación, entre otras herramientas. El derecho internacional aparece como un elemento que aporta para blindar todo proceso de estos”.
Por Gustavo Gallo Machado
Después de escuchar los 10 puntos del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos Calderón fue cauto en su intervención de ayer en La Habana. Jairo Delgado, director de Análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, asegura que el mandatario de los colombianos habló con diplomacia y con sensatez, para no generar mayor expectativa entre la opinión pública. Para el investigador, Santos Calderón hizo énfasis en lo que viene en materia de justicia, pues es uno de los puntos más críticos por parte de diversos sectores políticos. En concepto de Delgado, en la intervención hubo una enorme carga simbólica cuando el presidente citó al Papa Francisco para darle un mayor énfasis a lo que se ha establecido en las conversaciones de La Habana. “Lo que se observó es que el mandatario quiso generar un ambiente más favorable, siendo consciente en todo momento que el tema de justicia transicional puede generar reacciones que no coincidan con lo que se definió en el acuerdo”, dice. Respecto al apretón de manos entre Santos y “Timochenko”, sostuvo que fue promovido por el presidente de Cuba, Raúl Castro. “Pienso que el presidente Santos lo hizo por la invitación de Raúl Castro, no hubo un gesto voluntario y podría concluir que Juan Manuel Santos hubiera preferido darle la mano a “Timochenko” solo hasta el final del acuerdo de paz, pues como él mismo lo ha dicho en otras oportunidades: nada está acordado hasta que esté acordado. En todo caso se le vio forzado pero de todas maneras fue un gesto atractivo para un momento como el que se vivió ayer en La Habana”.
Por Gustavo Gallo Machado
“La orientación que tiene nuestra delegación es hacer el máximo esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo final antes de los seis meses”. Con estas palabras el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, se comprometió a cumplir los plazos establecidos con el Gobierno Nacional. Para el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, el tono del jefe guerrillero fue conciliador y diplomático pero se le vio con buena voluntad de llegar a un acuerdo de paz, “pues se le notaba orgulloso de haber alcanzado un acuerdo en lo referente a la justicia, situación que tenía preocupada a la guerrilla. En todo caso se le vio un propósito firme de paz”. Añade que el punto de quiebre para que “Timochenko” le dijera sí al avance que ayer se alcanzó, estuvo en la explicación que hicieron los juristas nacionales e internacionales invitados a La Habana, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional y los reclamos de la opinión pública para que no se diera una paz con impunidad”. “Creo que “Timochenko” y los jefes guerrilleros lograron captar que la paz solamente se logra con base en los principios de la justicia transicional y la no repetición de los hechos punibles. Tomaron conciencia que si no se aplica justicia actuará la Corte Penal Internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad. No puede haber amnistía ni indulto”, agrega Hernández. En cuanto al gesto del apretón de manos, el exmagistrado coincide en que fue forzado por el presidente Raúl Castro. “Sin embargo, fue un gesto simbólico para un momento como este”.
