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Colombia | PUBLICADO EL 24 septiembre 2022

Paz total: polémico proyecto de sometimiento les dejaría el 10% de sus fortunas a los capos

Así lo plantea el proyecto con el que se sienta la base jurídica del sometimiento de las narcobandas. Busca justicia restaurativa para evitar la cárcel. Hay polémica.

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DANIELA OSORIO ZULUAGA

A manos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y del Ministerio de Justicia se cocina un polémico proyecto de Ley que busca ser el piso jurídico para la “paz total” y allanar el camino para las negociaciones con grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y de delincuencia común.

De entrada, el proyecto modificaría tres leyes y agregaría una normativa adicional sobre las vías de negociación y los beneficios otorgados a dichas estructuras criminales.

Pese a que apenas es un extenso borrador de 83 artículos de Ley, los apartados que se filtraron a la prensa ya prometen una honda discusión sobre las vías por las que se dialogará con cada actor y los beneficios que empezarán a recibir por someterse colectivamente a la justicia.

Dentro de los puntos más controversiales se encuentran facultades especiales que empezarían a tener la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación –ambas lideradas por funcionarios nombrados durante la administración de Iván Duque (Francisco Barbosa y Carlos Camargo, respectivamente)–, el trato diferenciado para los cabecillas y los ilegales razos y, lo más polémico, los beneficios económicos que recibirán quienes acudan a la justicia de manera voluntaria.

Según el resumen del proyecto -en poder de este diario- una de los puntos claves sería la creación jurídica de un procedimiento “que viabilice la presentación de grupos armados a la justicia en un mismo lugar y de manera colectiva. Lo que significa, en palabras sencillas, la creación de un marco jurídico para negociaciones con distintos grupos armados diferentes a las guerrillas y los grupos paramilitares, cuyos contextos políticos los diferencian ante la Ley de las demás estructuras armadas.

Si el documento logra convencer al presidente Gustavo Petro, que es lo más probable, será presentado la próxima semana ante el Congreso de la República, quien deberá debatir y analizar cada uno de los puntos para evaluar que estén dentro de la Ley y que convenzan a las mayorías.

Mientras eso avanza y toma fuerza en Senado y Cámara, el presidente y el comisionado Rueda ya empezaron a dar pistas de lo que han denominado un “cese al fuego multilateral” (Ver nota anexa).

Capos se quedarían con 10% de su riqueza

En un hecho sin precedentes para la historia jurídica del país, el proyecto de Ley del gobierno Petro propone que quienes se sometan de manera colectiva puedan quedarse con parte de los dineros y propiedades que obtuvieron gracias al narcotráfico y otras actividades ilegales.

Según el borrador, los combatientes se podrían quedar hasta con un 10% del total de los bienes que adquirieron en las estructuras armadas.

De manera textual, uno de esos artículos -revelados por el periodista Daniel Coronell dice que los ilegales podrán “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración”.

En diálogo con EL COLOMBIANO un fiscal especialista en extinción de dominio dijo que, sobre este punto, le preocupan dos cosas: “la primera y la más obvia es que podrían declarar mucho menos de lo que en realidad tienen y, aún así, quedarse con una buena tajada de las rentas ilegales. Y, la segunda, es que el borrador que hasta ahora conocemos no específica quién se quedaría con esos montos, si solo los cabecillas o si llegaría también a los rasos”.

Dijo, en todo caso, que la idea es novedosa en términos jurídicos y que no es del todo descabellada, pues se ha aplicado en Estados Unidos, Italia y otras naciones con alta incidencia de crimen organizado.

En esto último concuerda el comisionado Danilo Rueda, quien dijo este viernes que ese modelo de dejarles el 10% de los dineros es una copia del sistema que se usa en Estados Unidos y que “funciona con efectividad” para someter a los criminales otorgándoles beneficios que hagan llamativo el hecho de entregarse de manera colectiva.

Los rasos podrían esquivar la cárcel

Otro artículo del borrador imita un principio del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc: los combatientes rasos no pagan igual ante la Ley que los comandantes y altos mandos, quienes son los máximos responsables.

Según el proyecto, para los ilegales que no llegaron a altos mandos y no participaron en grandes acciones criminales habría un trato diferenciado que les otorgaría hasta 5 años en programas de reinserción, aunque no aclaran si eso sería privados de la libertad o en una libertad restringida.

Lo que sí propone el documento es que para ese mismo grupo de tropas se incorpore a la Ley el “principio restaurativo de la pena tanto en su finalidad como en su ejecución”.

Pero esa frase, que parece meramente decorativa, implica saltos tan enormes como los que ya dieron las extintas Farc. Para el caso de los excombatientes de esta guerrilla, las “penas restaurativas” pueden ser sembrar árboles, construir carreteras y similares.

Para los jefes, en cambio, el borrador plantea que deberán ser condenados por su delitos y sometidos a un período de cárcel de, por lo menos, la cuarta parte de su sentencia.

Para ellos, el Gobierno busca que haya permisos especiales y progresivos que irían de 72 horas de libertad, 15 días y hasta 2 meses a medida que se vaya cumpliendo la pena y que demuestren buen comportamiento.

Defensoría y Fiscalía obtendrían “súper poderes”

Aunque hasta ahora es uno de los puntos menos explicados, el documento plantea otorgarles “poderes” especiales a esas dos entidades con el fin de hacer más ágil el proceso judicial al que serán sometidos los que hagan la paz.

Para la Defensoría del Pueblo, el comisionado propone que pueda representar a las víctimas -como ya lo hace ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo- y que, en caso de que las decisiones no satisfagan a las víctimas, pueda “ordenarle” al fiscal del caso que aclare o corrija una imputación de cargos.

En cuanto al ente acusador, el proyecto plantea que, una vez termine el proceso de negociación con el Gobierno, sea el fiscal General de la Nación el que decida si la imputación de cargos y la eventual absolución de los procesados se da o se estudia de nuevo.

¿Sometimiento, acogimiento o negociación?

El proyecto también deja la sensación de que el Gobierno cedió en uno de los puntos que más se le criticaban y empezó a hablar de sometimiento, y no de acogimiento o negociación.

Esto último es clave porque va más allá de un simple concepto. Durante todo el gobierno del expresidente Iván Duque se habló de que los grupos diferentes al ELN solo tenían posibilidades de “sometimiento”, lo que implica entregarse a la justicia y transitar a la vía legal con ciertos beneficios por presentarse a las autoridades de manera voluntaria.

Sin embargo, Petro entró modificando ese discurso y transitó hacia el concepto de “acogimiento”, una figura que permite dialogar con los ilegales ofreciéndoles beneficios jurídicos más amplios a cambio de entregar las armas y cesar el fuego.

Eso –que han propuesto Petro, Rueda y el senador Iván Cepeda– también es muy diferente a una “negociación”, que en Colombia está prevista exclusivamente para grupos con bases políticas, como se le reconoció ya al ELN.

Lo cierto es que, según los borradores que se conocieron este viernes, el Gobierno sí hablará, al menos ante el Congreso y la justicia, de sometimiento: una categoría que, en efecto, hace que se les aplique la justicia ordinaria y que la mayoría paguen con cárcel por los delitos que cometieron.

¿Cuáles serán las diferencias con las mesas de los “narcos”, los “paras” y los integrantes de crimen organizado en general? Esa es una de las tantas respuestas que quedan en el aire y que el Congreso pasará a debatir cuando se radique el proyecto.

Las incógnitas del “cese al fuego multilateral”

Paz total: ilegales se quedarían con el 10% de sus fortunas

El anuncio del presidente Gustavo Petro de un posible cese multilateral al fuego en “cuestión de días” sorprendió al país no solo porque en Colombia ha sido más usual un cese de hostilidades con una única organización a la vez, sino porque en los anteriores procesos de paz ese mecanismo se ha adoptado cuando hay muchos avances en las negociaciones y no como punto de partida, que es lo que está haciendo este Gobierno.

Sobre ese freno al fuego, el comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que empezaría con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el “comando central de las Farc que no firmó el Acuerdo de Paz”, las disidencias de las extintas Farc que sí firmaron el Acuerdo y retomaron las armas, y los “grupos armados no rebeldes” que dijeron estar dispuestos a unirse a la paz.

Pese a que está claro que dichas estructuras dejarían de alar el gatillo y atentar con la comunidad en una muestra de su voluntad de paz, lo que no está del todo resulto es cómo actuará el Ejército, la Policía y la Fuerza Pública en general en ese “cese”.

Los contradictores del Gobierno Petro se han preguntado, por ejemplo, si los militares tendrán que frenar todas las operaciones “aún cuando es claro que muchos de ellos seguirán delinquiendo”. Esa inquietud toma fuerza también teniendo en cuenta que son muchos los grupos que entrarían a ese cese de hostilidades y que, por ende, será más difícil verificar que efectivamente desescalen las actuaciones violentas en todos los territorios del país.

Ante esas sombras que empezaron a crear cierta narrativa de que las Fuerzas Armadas estaban debilitadas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar hicieron una declaración a medios este mismo viernes en la que se mostraron fuertes y dijeron que, “de ninguna manera se dejará de actuar y de proteger a la comunidad”.

Sobre esa labor de verificación, Rueda dijo que entidades internacionales como la ONU y la Iglesia Católica serán dos de los aliados del Gobierno para evaluar que las partes cumplan con lo que están prometiendo.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia - Estado y director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, dijo que la Iglesia no solo está abierta a cumplir ese papel, sino que “tiene esperanzas en que ese cese al fuego ayudará a las comunidades más afectadas por el conflicto”.

Sobre la forma en que operarían, dijo que la Iglesia opera a través de sus sacerdotes y demás comunidad religiosa con presencia en todos los municipios de Colombia escuchando a las comunidades e, incluso, a los grupos armados.

“Nuestra labor es la de estar atentos a lo que vaya ocurriendo. La comunidad sabe que la Iglesia es un ente neutral que los va a escuchar y por eso acá vienen a hacer denuncias. Saben que están seguros”, dijo Henao.

Ya empezó el cese al fuego

Bastaron menos de 24 horas de que el presidente Petro anunciara ese cese multilateral para que grupos de gran embergadura empezarán a sumarse.

La sorpresa más grande vino por parte del jefe de las disidencias de las extintas Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

Ese alto mando, al que las autoridades habían dado por muerto, reapareció en un video diciendo que él y su grupo se comprometen a frenar las hostilidades y a “entablar con el Gobierno, en su fase exploratoria, unos diálogos francos en búsqueda de salidas al conflicto social y armado que padece nuestro país”.

Según dijo, “se ha ordenado a todas las unidades evitar al máximo enfrentamientos con la Fuerza Pública, siempre y cuando no seamos atacados, para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno los acuerdos para un cese al fuego bilateral”.

Como ellos, las AGC también dijeron haber “iniciado un ejercicio de reducción de la violencia y un cese unilateral del fuego”.

Por ahora, los expertos en proceso de paz y negociación han visto con reserva esos movimientos y acercamientos.

El actual senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno en el proceso con las Farc, ha insistido en que un cese al fuego le parece peligroso a tan tempranas etapas de los procesos y en que con las disidencias de las Farc que le fallaron al Acuerdo y con los demás grupos armados “no hay otra vía que el sometimiento”.

Hasta ahora, según las cuentas del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, han sido 22 los grupos que le han manifestado al Gobierno su intención de hacer la paz

Estas son las 22 estructuras armadas que le han comunicado al Gobierno su intención de dialogar

· Ejército de Liberación Nacional, ELN

· Movimiento Revolucionario del Pueblo

· AGC

· La Oficina

· Bloque Suroriental

· Segunda Marquetalia

· Bloque Magdalena Medio·

· Columna Móvil Urias Rondon

· Columna Móvil Jaime Martinez

· Columna Móvil Dagoberto Ramos

· Compañía Adan Izquierdo

· Frente Franco Benavides

· Frente 30 Rafael Aguilera

· Frente Carlos Patiño

· Frente 36

· Los Pachencas

· Los Caparros

· Los Costeños

· Los Pachelly

· Los Shotas

· Los Espartanos

· Los Rastrojos Costeños

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

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