Luego de que el martes en la noche, el Gobierno Nacional emitiera el decreto que establece la excarcelación de 4000 reclusos en el país, con el fin de mitigar la propagación del covid-19 en las cárceles, el Ministerio de Justicia anunció que las autoridades deben seguir doce pasos para otorgar la detención domiciliaria a sindicados, y seis a condenados.
Los reclusos sindicados o señalados son las personas sobre quienes pesa una investigación de la Fiscalía, pero no se ha emitido condena por parte del juez, sin embargo, como acción de prevención permanecen privados de la libertad, 32.670 hombres y 2685 mujeres, para un total de 35.355.
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Así las cosas, se debe verificar quienes de los más de 35.000 sindicados hacen parte de la población vulnerable que puede obtener el beneficio de detención domiciliaria decretado esta semana. El sector justicia dejó claro que para este trámite, inicialmente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), junto con los directores de los penales deberán tener una lista con ficha médica de las personas que tendrán detención en su residencia.
Después de ello, la dirección del Inpec deberá entregar la información al juez coordinador del centro de servicios de los complejos judiciales, para que este haga reparto a los jueces de garantías. Posteriormente, el delegado de la Rama Judicial pedirá información sobre el procesado a la Fiscalía.
El juez revisa la información enviada y emite una decisión que será remitida al procesado y su abogado a través de correo electrónico. Una vez se ordene el traslado a la residencia, el recluso deberá firmar un acta de compromiso que se trasladará a la dirección del penal donde estaba preso.
En caso de que un recluso no esté en la lista del Inpec y el abogado solicite detención domiciliaria deberá entregar una ficha médica y el expediente de su cliente para que un juez valore la situación y determine si puede otorgar dicho beneficio.
En cuanto a las personas que están condenadas, que en este momento cifras del Inpec revelan que son 79.137 hombres y 5704 mujeres, deberán estar en la lista inicial del Inpec, el informe posteriormente será llevado ante un juez de ejecución de penas.
Los juzgados tendrán cinco días para aplicar el decreto, una vez la decisión sea notificada a las partes, los reclusos también deberán firmar un acta de compromiso que reposará en los despachos de los directores de las cárceles y la dirección del Inpec.
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