Luego de décadas en las que diversos intereses ilegales consolidaron su accionar en el Parque Isla de Salamanca ante la ausencia de la institucionalidad, al gobierno le queda un arduo camino por delante para recuperar este fundamental ecosistema.
El Parque es un conglomerado de pequeñas islas comunicadas por canales, con humedales y manglares, que integran el sistema Delta Estuarino del Río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, al frente de Barranquilla.
A pesar de pertenecer al Sistema de Áreas Protegidas, haber sido declarado desde 1998 como sitio Ramsar de importancia internacional y ser una de los 701 Reservas de la Biosfera de la Unesco, el Parque sufre males endémicos que podrían resumirse en tres grandes amenazas, según explica Luz Elvira Angarita, directora Territorial Caribe de Parques Nacionales.
El primero, la quema de manglar para extraer carbón y venderlo principalmente en Barranquilla; el segundo, la invasión de colonos que queman mangle para realizar actividad agrícola; y el tercero son los incendios derivados de la caza (queman el suelo para extraer tortugas e iguanas).
En los últimos 7 años se contabilizan 90 incendios de gran magnitud. Este año completó 10, el más grave fue en junio, duró once días y arrasó 150 hectáreas de vegetación.
Comienza la respuesta
Por ahora son tres estrategias en las que el Gobierno, Parques Nacionales, Fuerza Pública y las autoridades del Magdalena se centrarán para cumplir con las órdenes impuestas por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC3872-2020, de reducir a cero la deforestación, prevenir los incendios forestales, evitar la extracción ilegal de recursos de fauna y flora, y prevenir la degradación de los ecosistemas.
“Este plan propone tres pilares: legalidad, para hacer cumplir la ley y perseguir la criminalidad; equidad, con impulso y apoyo a los emprendimientos sociales entendiendo que como parte de este parque hay también familias que son nuestras aliadas para conservarlo y protegerlo; y monitoreo para el cual contaremos con el respaldo tecnológico que se requiera”, indicó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
La primera estrategia a materializar es la llegada de la Fuerza Pública. Según dijo la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, en reunión virtual, la próxima semana se definirán las medidas de seguridad.
Al respecto hay propuestas y tareas adelantadas. Por ejemplo, el comandante de Región de Policía No. 8, Mariano Botero, precisó que tienen identificado que el “ingreso de los criminales se da a través de los caños El Tomo y Clarín”. Una vez dentro, dijo, le pagan a pobladores “aprovechándose de sus necesidades básicas insatisfechas” y se internan a sacar carbón y especies.
La idea entonces es montar puestos de control y patrullaje en estos puntos de ingreso. Otras propuestas son la creación de un sistema de alertas tempranas y monitoreo aéreo.
La presencia de las autoridades deberá ir de la mano de oportunidades para los pobladores. En 2015 también se anunció la presencia de carabineros y se realizaron 30 proyectos que involucraron a lugareños en procesos de restauración, como siembra, recuperación de suelos y rehabilitación de canales.
Otros de los involucrados en el Comité para recuperar esta zona, es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien insiste en que la respuesta institucional debe llevar proyectos productivos.
En Pueblo Viejo y Sitionuevo, por ejemplo, solo el 2,42% y el 2,29% de los habitantes, respectivamente, tiene empleo formal. “Solo a través de pactos entre las instituciones y las comunidades, y la disposición de recursos para hacer posible capacitaciones y proyectos sostenibles, se puede lograr que el Parque tenga un buen futuro”, insiste la jefa del Parque, Patricia Saldaña.
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