El pasado abril, a Luciana Román de 25 años, la encontraron muerta en la habitación de un hotel en Chapinero, Bogotá. Su cuerpo tenía aún los rastros de las torturas que soportó antes de morir. Fue amordazada, abusada sexualmente y asesinada. Yacía sobre su propia sangre.
Dos días antes del asesinato de Luciana, a Macarena de 28 años la balearon hasta la muerte en la habitación de un hotel en Cali, también fue sometida a violencia y abuso. Ambas engrosan la lista de las ocho mujeres transgénero que este año han asesinadas por su condición.
Según la Defensoría del Pueblo, el panorama es muy grave. Esta comunidad soporta, con mayor rigor, la marginación y violencia en su grado más extremo.
Además de Luciana y Macarena, entre enero y abril fueron asesinadas, Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Verónica Dantez, en Bogotá; Valentina Barrera Delgado en Nariño y Thaliana Fajardo, en el departamento del Tolima.
“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En el 2023 la Defensoría acompañó 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, de los cuales 47 estuvieron relacionados con barreras en el acceso a la salud y 48 hechos fueron de hostigamiento y violencia institucional por uniformados de la Policía Nacional.
Si bien el Gobierno Nacional realizó el año anterior avances significativos y acciones para impulsar las voces LGBTI, el Defensor le hace un llamado: “El Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, deben cumplirle a la ciudadanía OSIGD-LGBTI en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándole su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022”.