El dilema de sacrificar libertades para mejorar la seguridad es el trasfondo de la discusión final en la plenaria de la Cámara, entorno al proyecto de ley que pretende actualizar el Código de Policía, vigente hace 46 años.
Si bien congresistas y académicos señalan bondades como la protección animal, el control del ruido, la lucha contra el robo de celulares y las multas para quienes saquen basuras a destiempo, a algunos les preocupa que la intimidad se pueda ver vulnerada, pues la Policía podría ingresar a una casa sin orden judicial.
Sobre esto último Rodolfo Arango, investigador de la Universidad de los Andes dijo que es inconstitucional que el Congreso le otorgue esa atribución a la Policía, pues son los jueces los guardianes de la intimidad de las familias y deben autorizar cualquier excepción a esta garantía: “Si se aprueba el proyecto como está, es muy probable que la Corte Constitucional tumbe esa modificación”.
Al respecto Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y docente de los Andes, afirmó que el proyecto viola la intimidad de las familias porque pone en entredicho los derechos fundamentales que tiene la Constitución. Agregó que está seguro que la Corte Constitucional no avalará esa ley, por principios de proporcionalidad.
“En casos de ruido u otro tipo de manifestación de escándalo, no se debería generar un procedimiento en el que la Policía entre al domicilio a incautar cosas. Se pueden plantear, mejor, sanciones pecuniarias o detener a la persona para que responda ante las autoridades si cometió un delito. Hoy existe una Policía sin instrumentos, pero estos no pueden desaparecer el Estado de Derecho”, explicó Barbosa.
