La cuestionada fiscal Angélica Monsalve no asistió a la última fecha en la que la citaron a una audiencia para imputarle cargos y entrar en juicio por el delito de concusión. La hipótesis de la Fiscalía es que Monsalve habría solicitado dinero a uno de sus investigados a través de un abogado, a quien conoció en un posgrado, para archivar una investigación que su oficina adelantaba en la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Monsalve se volvió reconocida en el país por varias polémicas al usar su cargo y filtrar información privilegiada. También denunció que el exfiscal, Francisco Barbosa, y la entonces vicefiscal, Martha Mancera, la quisieron trasladar al Putumayo para poder supuestamente censurar sus denuncias y sus investigaciones.
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EL COLOMBIANO conoció detalles del escrito de acusación y de la investigación de la Fiscalía. El caso no solo tiene evidencia documental, sino otras pruebas que fueron recopiladas por Martín Manjarrés, el empresario que Monsalve investigaba por un presunto cartel de contratación dentro de la UNP. Pero la historia dio un giro cuando Manjarrés se convirtió en una fuente de la Fiscalía contra Monsalve con el apoyo de la DIJIN.
De hecho, el empresario Manjarrés tuvo una reunión en agosto del año pasado con el abogado Jimmy Forero, también investigado y cercano a Monsalve, en donde se concretó una evidencia relevante que hace parte del material probatorio que tiene hoy la Fiscalía contra la abogada de la Sergio Arboleda. Según la Fiscalía, Forero se habría acercado hasta Manjarrés para llevarle un mensaje de Monsalve que era sobre la posibilidad de que este pagara 600 millones de pesos, a cambio de que la Fiscalía archivara la investigación en su contra con graves consecuencias penales.
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Tras esa primera reunión de agosto, Manjarrés y Forero siguieron teniendo conversaciones por chat con el fin de cuadrar el pago falso, hasta que finalmente el abogado cercano a la fiscal Monsalve desapareció.
Monsalve asegura que esto se trata de una persecución en su contra, y de hecho llevó el caso a una oficina de Naciones Unidas para la protección de abogados que le pidió a la Fiscalía allegar una documentación para corroborar si en efecto se trata de una persecución por razones políticas. En un hecho extraño, la Cancillería, que recibe las comunicaciones de las oficinas de la ONU, no copió a tiempo estas solicitudes de la oficina multilateral a la Fiscalía, por lo que esta última respondió tarde.
La polémica fiscal fue la que denunció a la actual fiscal general encargada, Martha Mancera, por supuestamente encubrir a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho malo, que fue capturado la semana pasada en Medellín en una investigación por contrabando y enviado a La Picota en Bogotá. El caso contra Monsalve es amplio y de fondo. Otro hecho que se investiga es sobre una posible alteración al sistema de asignaciones de denuncias de la Fiscalía conocido como SPOA, que tiene a un agente del CTI en la cárcel bajo medida de aseguramiento esperando juicio en su contra. A este último lo acusan de borrar del sistema la información sobre la investigación de Monsalve, que impidió en su momento una captura.
La última audiencia, a la que la fiscal no asistió argumentando problemas de salud entre otras por la “presión y la persecución” de la Fiscalía en su contra, fue reprogramada y se espera que allí se revelen más pruebas del caso.
