La Superintendencia Nacional de Salud dio un ultimátum a la Nueva EPS para que publique los estados financieros de 2023, 2024 y 2025. El plazo vence el 6 de julio y, según el comunicado de la entidad, tiene carácter “perentorio (urgente) e improrrogable”.
Se trata de la entidad con mayor cantidad de usuarios en el país, con más de 11 millones, y se encuentra intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde abril de 2024. Además, para finales de 2025 debía más de $26 billones a diferentes actores del sistema de salud. En Antioquia, la deuda corresponde a $4,6 billones.
Se supone que, con la intervención, la entidad está obligada a reportar la información financiera, “esencial para verificar su situación de liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia”, según la Supersalud. Sin embargo, no los han presentado, lo que genera cuestionamientos sobre su estado actual.
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Las sanciones legales y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
De no publicar esta información, la Nueva EPS puede enfrentar infracciones administrativas como multas o la revocatoria de la licencia de funcionamiento, según el artículo 130 de la Ley 1438 (2011).
La decisión de la Supersalud llega justo una semana después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca diera la misma orden a la Nueva EPS de publicar esos mismos estados financieros.
Este tribunal concluyó que la entidad incumplió obligaciones legales de divulgación de la información. A diferencia de la decisión de la Supersalud, esta les dio un plazo de tres meses, y fue adoptada en una sentencia de primera instancia tras una acción promovida por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).
“Esta decisión reafirma que las obligaciones de transparencia deben cumplirse sin excepción. La información financiera de una entidad que administra recursos públicos y presta servicios de salud a millones de colombianos debe ser pública. Esa transparencia es indispensable para fortalecer el control institucional y el escrutnio ciudadano”, señaló Andrés Caro, director de FEDe Colombia.
Investigación de la Procuraduría e irregularidades en la intervención
A finales de abril, la intervención del Gobierno a la Nueva EPS entró en revisión disciplinaria de la Procuraduría por posibles irregularidades en el proceso que llevó a la toma de posesión y a la prórroga de la medida administrativa sobre la entidad.
El caso se centra en actuaciones ocurridas a partir del 10 de abril, cuando se expidió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS.
Entre las presuntas fallas se menciona la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de solicitud de conceptos especializados para sustentar la medida y la omisión de información clave que debía acompañar la decisión.
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Los cuestionamientos al perfil de Jorge Iván Ospina como interventor
Otro punto tiene que ver con que Petro nombró a uno de sus principales aliados como interventor de la Nueva EPS y este no estaría capacitado para el cargo. Se trata del cuestionado exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
Funcionarios han alegado que él no cumpliría el perfil exigido por la normativa, ya que no acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años de experiencia adicional requerida en dichas áreas.
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