Un solo voto puede inclinar la balanza 5–4 en la Corte y definir el futuro de la reforma pensional y de decisiones relacionadas con la JEP, conmoción interior, entre otros. Estos son los candidatos, los temas en juego y los apoyos que tienen en las bancadas de acuerdo a sus posiciones.
En las últimas semanas, las fuerzas políticas del Congreso “adoptaron” candidato en la terna enviada por la Corte Suprema de Justicia para escoger al próximo magistrado de la Corte Constitucional.
Aunque en 2025 ya se han reemplazado tres togados, esta elección se volvió la más disputada: quien llegue a la Sala Plena podría inclinar las mayorías justo cuando el clima político está caldeado por las presidenciales.
Este miércoles 3 de septiembre, el Senado de la República elegirá al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional.
La terna en competencia la integran el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, la jurista María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, aunque la disputa se concentra entre Camargo y Balanta. Sus perfiles son diversos, aunque todos técnicos y preparados.
Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, con experiencia en derechos humanos y organismos de control, respaldado por sectores de oposición y partidos tradicionales; María Patricia Balanta Medina, jurista especializada en derecho constitucional y litigio estratégico, con el guiño del Gobierno Nacional y el apoyo del Pacto Histórico; y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, abogado con trayectoria en el sector público y asesoría jurídica, considerado un candidato más técnico y con menor protagonismo político en esta contienda.
La Corte es el gran filtro de legalidad de los actos de poder. Lo demostró con el llamado decretazo de la consulta popular: pese al “no” del Senado, el Ejecutivo intentó convocarla con la firma del gabinete y esa jugada terminó bajo el escrutinio constitucional.
El tribunal funciona como contrapeso tanto del presidencialismo como del Congreso. Incluso tendría que pronunciarse ante un eventual intento de cambiar la Carta para habilitar la reelección: una posibilidad que el presidente Gustavo Petro ha negado, pero que algunos de sus escuderos —como Alfredo Saade (exjefe de despacho) y la senadora Isabel Zuleta— siguen promoviendo en la arena pública.
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La temperatura de la puja quedó retratada en el último fallo que tocó directamente al Presidente: la tutela sobre la competencia del CNE para investigarlo por presunta violación de topes de campaña en 2022. El 26 de junio, la Sala Plena decidió 5–4 a favor de él, declarando incompetente al organismo.
La ponencia fue del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario Jurídico de Palacio, y la apoyaron Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Rosero y la magistrada encargada que reemplazó temporalmente a Cristina Pardo (Héctor Carvajal).
En contra salvaron voto Jorge Enrique Ibáñez (presidente de la Corte), José Fernando Reyes, Paola Meneses y Lina Escobar.
Ese 5–4 ya se ha repetido —con cierta flexibilidad, sobre todo en Ángel y Cortés— y, si entra un magistrado más alineado con la postura oficialista, el tablero podría pasar a 6–4.
La Corte Constitucional protege la Carta Política. Está integrada por nueve magistrados, con periodos individuales de ocho años sin reelección, elegidos por el Senado a partir de ternas. Decide sobre constitucionalidad de leyes, decretos, reformas y tratados, y tutela derechos fundamentales.
Históricamente ha puesto límites a políticas públicas: de reformas constitucionales a decretos de emergencia y normas sociales y ambientales. Por eso, la salida o llegada de un solo magistrado altera la correlación de fuerzas y puede inclinar mayorías en casos clave.
Estos son los temas en juego.
- Reforma pensional. Demandada por vicios de trámite (omisión de debate en Cámara). En junio de 2025 la Corte la devolvió al Congreso, suspendiendo su entrada en vigencia (prevista para el 1.º de julio). La decisión de fondo la tomará la Sala Plena: el voto del nuevo magistrado será decisivo.
- Conmoción interior en el Catatumbo. El Gobierno expidió decretos de emergencia; en julio de 2025 la Corte declaró inexequibles cinco (132, 133, 135, 137 y 155 de 2025) por vicios formales y por no cumplir necesidad o conexión con la crisis. Faltan revisiones y eventuales nuevas medidas.
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- Justicia transicional (JEP). La Corte admitió demanda de exmilitares contra el “juicio de prevalencia” y pidió conceptos a JEP, Gobierno, Congreso y expertos. El fallo definirá los límites de la jurisdicción y tendrá efectos en procesos contra excombatientes.
A pesar de que todos esos puntos son importantes, hay uno de especial interés tanto para el Gobierno Nacional como para la oposición: el primero mencionado en la lista. La reforma pensional es uno de los temas más sensibles que tiene en sus manos la Corte Constitucional.
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La norma, aprobada como bandera del Gobierno Petro, fue demandada por vicios de trámite después de que la Cámara de Representantes omitiera un debate obligatorio.
En junio de 2025, la Corte le dio la razón a los demandantes y devolvió el proyecto al Congreso, suspendiendo su entrada en vigencia prevista para el 1.º de julio.
Aunque la Cámara ya subsanó el error y volvió a votar la iniciativa, la última palabra la tiene la Sala Plena del tribunal. Allí, el voto del nuevo magistrado será determinante para definir si la reforma sobrevive y bajo qué condiciones podrá aplicarse al sistema de pensiones del país.
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