Han pasado 14 años desde que en Puerto Boyacá, la otrora conocida como la capital paramilitar de Colombia, desapareció ese fenómeno que, amparado inicialmente en la legalidad y luego en el poder que le dieron el uso de la fuerza y el narcotráfico, victimizó a la población del Magdalena Medio bajo la falsa promesa de la liberación del comunismo.
Hoy la vida y el aire que se respira son distintos, con las problemáticas propias de las poblaciones colombianas pero en paz.
La Dirección de Acuerdos de Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicó dos informes que dan cuenta de cómo las estructuras paramilitares suplantaron al Estado en esa región del país, y cómo el terror que infundaron las llenó de legitimidad para obrar como si fueran las ramas del poder público: hicieron las leyes, fueron los jueces y ejecutaron los recursos para proveer servicios como salud, educación y alimentación.
“En los años 80 la suplantación fue mayor, porque la debilidad del Estado era mayor”, cuenta Camilo Ernesto Villamizar, investigador del CNMH.
El origen
Para 1982, año en el que se empieza a tener noticias de los grupos de autodefensas en Puerto Boyacá, confluyeron muchos factores internos y externos que fueron caldo de cultivo para la violencia que se avecinaba. La lista va desde la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional, hasta los desmanes de las Farc que empezaban a generar repudio en gran parte de la población.
“El marco normativo que se construyó en 1965 dio vía legal a los grupos de autodefensa y que convirtió al paramilitarismo en una figura legal”, anota el investigador. Y a ello se sumó que en los años 70 se fortaleció la presencia militar en el Magdalena Medio para hacer frente a los desmanes que cometía inicialmente el Frente 4° de las Farc y más tarde el 11. Además, todo confluye con una radicalización de la élite política.
“Se dio la conformación de una red macrocriminal con miembros del Batallón Bárbula, de la XIV Brigada, élites ganaderas, esmeralderos que conformaron sus ejércitos privados y el narcotráfico, específicamente el Cartel de Medellín y Gonzalo Rodríguez Gacha, alentaron el levantamiento armado de los hermanos Gonzalo y Henry Pérez, quienes se desmovilizaron en 1991”, cuenta Villamizar, autor de los informes “El Estado suplantado: las Autodefensas de Puerto Boyacá” y “El modelo paramilitar de San Juan Bosco De La Verde y Chucurí”.
Transición
Después del periodo de legalidad que tuvieron los primeros grupos de autodefensa, y de la desmovilización de los hermanos Pérez, la región vivió un periodo de transición al paramilitarismo a rajatabla.
A partir de 1994 se da una recomposición del grupo y obedecen al nombre de Autodefensas de Puerto Boyacá y desde 2000 como Bloque Puerto Boyacá, bajo el mando de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón.
Para este momento el dinero que invirtió en la guerra el Cartel de Medellín menguó, entonces los paramilitares promovieron el cultivo de coca en toda la cuenca del Magdalena y se robaban la gasolina del policuto para venderla a sus anchas.
Mientras estas estructuras tuvieron el control de la región, se dispararon las masacres, las desapariciones forzadas, los homicidios y los desplazamientos. Una vez desmovilizadas, en 2006, los comandantes acudieron a Justicia y Paz y los paramilitares rasos contaron la verdad ante la Dirección de Acuerdos de Verdad, que recopiló sus relatos para hacer informes como los recién publicados.
Exintegrantes del Bloque Puerto Boyacá de las Auc fueron responsabilizados en Justicia y Paz por más de 371 crímenes que dejaron 494 víctimas directas. Sin embargo, la Fiscalía les imputó 1.662 hechos victimizantes a más de 5.000 víctimas.
Posdesmovilización
Con la desmovilización quedaron heridas que en el Magdalena Medio han ido sanando poco a poco. Los delitos más graves fueron disminuyendo y en la escena pública ya no se hablaba de masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, sino de hurtos, lesiones personales y violencia intrafamiliar. “En medio de todo esto, los más afectos a los grupos paramilitares activan sus nostalgias”, dice el investigador.
Hubo cierta continuidad del paramilitarismo porque una facción del grupo siguió operando bajo el nombre de “los Botalones”, pero a una escala mucho menor y con un interés netamente económico. También operaron franquicias de los Rastrojos y más tarde llegó el Clan del Golfo.
Pero ahora la historia es distinta, por las zonas rurales se movilizan estructuras del Eln y del Clan del Golfo, según le confirmó a este diario XIV Brigada del Ejército, que tiene dispuestos en la zona 4.331 hombres. Pero se respira tranquilidad y la vida ha sido otra desde la desmovilización, sin más masacres ni miedos n
4.331
militares de la XIV Brigada del Ejército protegen a la población de esta región.
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