En una audiencia que duró 13 horas, la Fiscalía y la Procuraduría se sumaron este jueves a los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y pidieron su libertad inmediata mientras la contraparte solicitó mantener la medida de aseguramiento. La jueza dará a conocer su decisión en una diligencia este sábado a las 8 de la mañana.
A juicio del fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió el caso por instrucción del fiscal General, Francisco Barbosa, no hay manera de plantear una equivalencia entre las diligencias que se realizaron cuando el proceso se surtía en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, con las que se deben realizar en la justicia ordinaria conforme al sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), y hacerlo violaría el debido proceso.
Por eso solicitó a la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, que no armonice los dos procedimientos.
“Las actuaciones procesales surtidas al interior de la Sala Especial de Instrucción son válidas, porque fueron emitidas por autoridad competente con el lleno de las condiciones de la Ley 600, así que aquí no hay lugar a ninguna nulidad”, dijo Jaimes.
Según su análisis, en esta audiencia se trata de hacer un trabajo de adecuación buscando la preservación de la estructura del proceso penal, la protección del rol de cada uno de los sujetos procesales (que son Uribe y sus presuntas víctimas) y sus garantías fundamentales.
Sin embargo, después de revisar el proceso llevado en la Corte, el fiscal no encuentra posibilidad de asemejar la indagatoria con la imputación de cargos necesaria en el nuevo sistema para dictar privación de la libertad.
Entre los hechos argumentados, tras una revisión del expediente entregado por la Sala Especial de Instrucción, Jaimes dijo: “Hemos encontrado algunas violaciones al debido proceso, ya que la indagatoria no contiene los hechos jurídicamente relevantes para activar el derecho a la defensa, ni hubo aclaración sobre sus derechos ni se le presentó al procesado la posibilidad de sentencia anticipada”.
Y agregó que como la indagatoria ocurrió en octubre de 2019, si hace las veces de imputación ya se habrían vencido los términos para acusar a Uribe en el sistema ordinario al cual ya fue remitido el caso, lo que llevaría a su hundimiento total. “No queda otro camino diferente a desestimar la vigencia del proceso y otorgar la libertad de Álvaro Uribe Vélez”, señaló Jaimes.
