El Gobierno estableció una agenda de trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los organismos de control para el conteo de líderes sociales asesinados, que estará a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
“Celebro esta convocatoria que nos hacen para pronto volverla efectiva y establecer los mecanismos de coordinación, y poder decirle al país que lo mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas, porque esta nos da un grado de respetabilidad en el manejo de estos asuntos”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.
Actualmente cada entidad y organización hace el conteo a su modo, identificando de diferente forma quién debe ser considerado un líder social y relacionando o no el homicidio con el ejercicio de su liderazgo.
Es por eso que las cifras entregadas por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (que son los oficiales retomados por la Consejería Presidencial para los DD.HH), por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones civiles como Indepaz varían hasta en más de un 100 %. (ver Infografía)
Precisamente el presidente Iván Duque señaló que habrá una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en esa entidad y su capacidad investigativa.
“La Fiscalía es puerta de entrada a la justicia en Colombia”, dijo el fiscal al reiterar: “Se está trabajando en los territorios con geografía, con fiscales e investigadores itinerantes para romper los corredores regionales de criminalidad, y con la Fuerza Pública para darles tranquilidad a los ciudadanos en términos de justicia”. (Ver Paréntesis).
Llovieron críticas
Pero esa es una noticia que preocupa a quienes desde la sociedad civil trabajan por darle visibilidad al fenómeno, especialmente porque sienten que se le están quitando dientes a la Defensoría del Pueblo que terminaría como convidado de piedra ante la Fiscalía.
“Esta decisión, sin duda alguna, pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría, entidad que ha cumplido un importante trabajo en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos y en su labor de advertir a las autoridades nacionales y regionales, a la Fuerza Pública y a los organismos del poder judicial sobre los riesgos en los que podría estar inmersa la población civil y, especialmente, las personas que ejercen el liderazgo social de sus comunidades”, expresaron los congresistas Iván Cepeda y Ángela María Robledo en un derecho de petición enviado el viernes pasado al defensor Carlos Camargo Assis.
En dicho documento, los parlamentarios le preguntan al funcionario si continuará realizando el registro y consolidación de una base de datos de conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales de manera autónoma e independiente, y si seguirá informando al país y a la comunidad internacional, de manera periódica, los hallazgos y resultados del ejercicio de registro y consolidación de agresiones a estas personas.
EL COLOMBIANO pudo establecer que al cierre de esta edición la Defensoría del Pueblo no había dado respuesta.
Organizaciones como Somos Defensores, el Movice, la Coordinación Colombia- Europa - Estados Unidos y el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, entre otras, se opusieron a esta determinación de las autoridades.
“Consideramos que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo, cuando su mandato es ‘la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas’”, dijeron algunas de esas organizaciones en un comunicado.
Y agregaron que esta pretendida unificación no puede implicar que el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo cese o se subsuma en “las dudosas cifras” de la Fiscalía, pues se pone en riesgo la labor de verificación y la lectura que se hace en el Sistema de Alertas Tempranas y que ha significado un trabajo de mayor sistematización y reporte de mayores cifras y análisis que la Fiscalía.
Más allá de las cifras
Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que “claramente, lo importante acá – no son las cifras. Sería un error creer, frente a lo que está ocurriendo en el país, que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, se trate de 10, 20 o más de 100 casos”.
Y añadió que cada amenaza, ataque y asesinato contra los defensores tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de Derecho.
Por eso es que concretar una cifra no debe ser el foco de la discusión. Sea cual sea la estadística, Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz se convirtió en el país más peligroso de América Latina para ejercer el liderazgo social, tal como lo reportó ayer la Ong Humans Right Watch (HRW).
La organización internacional explicó que gran parte de estos homicidios se presentan porque las Farc dejaron vacíos en los territorios que el Estado no supo ocupar, y a los que fueron llegando grupos armados interesados en rentas ilegales que han hecho emerger allí la violencia.
HRW pone la lupa especialmente en regiones como Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Norte del Cauca, el Pacífico sur en Nariño, Alto y Bajo Caguán y el pie de monte araucano, donde se presenta la mayoría de los decesos.
“Para responder a los asesinatos de defensores de derechos humanos de una manera sostenida en el largo plazo, es crucial que el Gobierno se ocupe de las causas subyacentes del problema”, se lee en el documento presentado ayer por José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Ong.
Y ello requerirá “esfuerzos serios” para reducir de manera permanente el poder de los grupos armados y de la delincuencia organizada mediante una serie de medidas, incluyendo investigaciones penales para desarticular a estos grupos, así como una presencia estatal civil más eficaz y significativa en regiones remotas del país.
