La crítica situación que se vive en el Chocó, debido al asesinato de líderes sociales e indígenas, obligó al procurador General, Fernando Carrillo, a elevar un llamado de atención al Gobierno Nacional, solicitándole que aumente su pie de fuerza en la zona y lleve más seguridad a las comunidades afectadas.
Carrillo exigió a los ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía General y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, acciones inmediatas para garantizar la “protección de los territorios de las comunidades campesinas y negras asentadas en las cuencas del Atrato, y así evitar un desplazamiento masivo de miles de personas en los próximos días”.
El jefe del Ministerio Público se reunió con 20 líderes de tierras de La Larga Tumaradó, Jiguamiandó y Curvaradó y Pedeguita y Mancilla, quienes denunciaron las amenazas de las que son víctimas por reclamar sus derechos territoriales sobre títulos colectivos, que, en su mayoría, estarían siendo utilizados en actividades ilegales extractivas, con minería y explotación de recursos maderables, monocultivos y ganadería extensiva.
El procurador también le solicitó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “protección perimetral permanente de los territorios, para evitar la entrada de organizaciones armadas al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN, y grupos privados de seguridad, situación que hace temer un desplazamiento masivo en los próximos días”.
Al Ministerio del Interior le solicitó la convocatoria inmediata del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM-, para reclamantes de tierras por regiones, iniciando por Urabá, para que organice los esquemas y las variables de riesgo a las características culturales y territoriales de las comunidades.
La Procuraduría iniciará acciones legales para buscar la nulidad del contrato que habilitó el arrendamiento del territorio colectivo de Pedegita y Mancilla por 100 años a la empresa Agromar.
“Por lo anterior, esta procuraduría ciudadana reconoce el impacto desproporcionado del conflicto, que aún persiste sobre los grupos étnicos en el departamento del Chocó, generando daños materiales e inmateriales que afectan su pervivencia”, concluye la Procuraduría.
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