El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno pagará $1 millón mensual a 100.000 “gestores de paz” y entre ellos habría 171 de la Primera Línea. Una duda es de dónde sacará ese dinero. Así va la controversia.
Si algo le faltaba a la gran polémica con la que el presidente Gustavo Petro cierra 2022, relacionada con la excarcelación de miembros de la Primera Línea, era que ahora estas personas –señaladas por delitos como homicidio o tortura– puedan recibir un pago del Estado a cambio de su labor como gestores de paz.
La incógnita la dejó abierta este miércoles el propio mandatario, al anunciar que el Ejecutivo le entregará alrededor de un millón de pesos mensuales a 100.000 jóvenes que sean seleccionados como voceros de paz. Justo bajo esa figura jurídica, la de “voceros”, es en la que se enmarcan los miembros de la Primera Línea que podrían recobrar la libertad antes de concluir el año, buscando que participen en los diálogos o conversaciones que entable el Gobierno a fin de concretar su “paz total”.
Se estima que son cerca de 171 los integrantes de la Primera Línea presos por presuntos delitos cometidos durante el paro nacional. Ello indica que, en caso de que todos quedaran en libertad, representan apenas el 0.09 % de quienes recibirían la remuneración.
“Estamos preparando un programa de gran dimensión: estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas, el Urabá parcialmente, los barrios pobres de Cartagena, de Barranquilla”, dijo.
El mandatario explicó que el programa –que se llamará Jóvenes en Paz– busca otorgar un ingreso económico para “quitarle la juventud a las organizaciones multicrimen” y que puedan dedicarse a estudiar. Previamente, su ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que ese rol implica que jóvenes se dediquen a tareas humanitarias, trabajo por la reconciliación y promoción de la cultura ciudadana.
De hecho, Osuna también atizó la controversia al anunciar que al menos 20 detenidos de la Primera Línea serán los primeros en ser excarcelados y nombrados como gestores de paz antes de concluir el año. La declaración estuvo acompañada por un mensaje que sonó a desafío: que la libertad de algunos de los 171 presos de la Primera Línea la decide el Presidente y no los jueces, en contravía de lo dicho por autoridades como el fiscal Francisco Barbosa.
“Es como cuando el Presidente nombra a un ministro, no solicita opinión de nadie al ser su decisión”, manifestó el ministro, queriendo calmar las aguas al precisar que en ese primer grupo de beneficiarios no aparece alias 19 –uno de los líderes visibles de la Primera Línea y quien hace poco fue sentenciado por tortura a 14 años de cárcel–, ni ningún otro condenado por hechos ocurridos durante las protestas de 2021.
Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el presidente no tiene ninguna facultad en la Constitución para decidir la libertad de presos. “Estas personas están detenidas por orden de un juez y solamente se puede revertir con la orden de un juez”, sostuvo.
La idea de otorgarles el estatus de gestores de paz a jóvenes y ofrecerles un sueldo por su labor para evitar que caigan en manos de estructuras criminales hace parte del gran anhelo del presidente por lograr la paz urbana. Como lo reveló EL COLOMBIANO en septiembre pasado, desde antes de que fuera elegido presidente, emisarios de Petro se pusieron en contacto con bandas delincuenciales para vincularlas a su política de paz total con un objetivo claro: no solo ponerle un alto a las muertes, sino evitar que los jóvenes sigan haciendo las veces de carne de cañón.
En el caso de Medellín, los diálogos incluyeron bandas como La Oficina, La Terraza, El Mesa, Los Chatas o Los Triana, quienes acordaron una tregua indefinida como muestra de su intención de paz. Sin embargo, en ese entonces, no se contemplaba la idea de incluir en el paquete de gestores de paz a miembros de la Primera Línea. De allí la controversia.
Consultado por este diario, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, contestó que no se tiene contemplado aún el pago a los miembros de la Primera Línea: “No es un tema que tenga yo, pero no he escuchado eso”.
Para la senadora de oposición Paloma Valencia, del Centro Democrático, es “grave para el país” que quienes cometieron delitos durante el paro nacional no solo queden libres, sino que el Estado también les pague un sueldo. En ese sentido, cuestionó de dónde saldrán los recursos para que Petro haga realidad su programa de gestores de paz: “El presidente no puede crear burocracia sin que antes se la autorice el Congreso. Todos los gastos del Ejecutivo deben tener esa autorización”.
De acuerdo con Valencia, la plata podría salir de la recién sancionada reforma tributaria que, como dijo el mismo Gobierno, está pensada para “avanzar en la justicia social y en la paz total”: “La reforma fue para financiar la burocracia del Pacto Histórico. Hoy se habla de los recursos para estos 100.000 jóvenes, pero también hay que mencionar el Ministerio de la Igualdad o la Jurisdicción Agraria. Ni qué decir de los 3.000 nuevos cargos en la DIAN o los 6.000 en Bienestar Familiar”.
Otra de las discusiones que desató el decreto que arropó con el rótulo de “voceros” o “gestores de paz” a miembros de la Primera Línea fue el apartado que indica que, para obtener ese estatus, deben hacer parte de “organizaciones sociales y humanitarias”. Sumado a la controversia por equiparar a la Primera Línea como un organismo humanitario, diferentes voces han alertado que esa categoría le cierra del todo la puerta a policías procesados por delitos en el marco del paro.
¿La razón? Esos uniformados no podrían contar con el rol de gestores de paz –y, por ende, obtener la libertad–, ya que no hacen parte de ninguna organización social o humanitaria, teniendo en cuenta que la Policía es una entidad estatal. De allí que, para muchos, se le esté brindando un trato preferencial a la Primera Línea y se deje de lado a los integrantes de la Fuerza Pública.
Este asunto salta a la vista en momentos en los que se conoce que, al parecer, la Policía está retirando de la institución a uniformados investigados por excesos y delitos ocurridos en el marco del paro. Según reveló la revista Semana, dos patrulleros fueron retirados del servicio debido a “que la institución perdió la confianza y credibilidad” en ellos.
