A casi cien días de que se despenalizara el aborto, una encuesta reveló que la mayoría de los profesionales de la salud a quienes les corresponde realizar estos procedimientos están en desacuerdo con que la práctica sea concebida como un delito.
En la medición participaron 246 ginecobstetras que están afiliados a la Federación colombiana de ginecología y obstetricia (Fecolsog). El estudio fue revelado durante un congreso nacional de especialistas que se estaba haciendo en Medellín esta semana, pero recoge datos de 2021. Es decir, antes de que la Corte Constitucional decidiera despenalizar el aborto.
Los hallazgos muestran que si bien el grueso de los especialistas –el 75 %– son partidarios de que esa práctica médica no sea considerada como un delito, no todos tienen la formación suficiente para practicarlo.
Según Causa Justa, la falta de conocimiento se evidencia, al menos, en las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por un lado está la entrega de medicamentos que provocan el aborto, una técnica que puede usarse hasta la semana 12 de gestación. Del otro, están las intervenciones quirúrgicas para practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las cuales se hacen en estados de gestación más avanzados.
En este conjunto entran procedimientos como la aspiración endouterina, que la guía del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists recomienda hasta la semana 14. Y para etapas más avanzadas se usa una intervención conocida como dilatación y curetaje, que implica extraer tejido del útero.
Las cifras que recogió Causa Justa mostraron que en su totalidad, entre el 50 % y el 58 % de los encuestados dijo que no recibió el entrenamiento adecuado para prestar estos servicios médicos.
Desigualdad entre ciudades
La encuesta también mostró que las mujeres que se encuentran en municipios pequeños podrían enfrentar más barreras para acceder a la IVE en comparación a aquellas que se encuentran en ciudades grandes.
Cuatro de cada cinco especialistas, subespecialistas o residentes dijeron que se encuentran en ciudades capitales. Como las universidades se concentran generalmente en los grandes centros urbanos de los departamentos, la formación de médicos especialistas también.
Lo mismo sucede con las redes hospitalarias: generalmente los hospitales y clínicas de mayor complejidad están en las ciudades más grandes. En otras palabras, el mercado laboral en salud para los especialistas es mucho más rico en los centros urbanos que en los centros rurales dispersos.
A esto se suma que la proporción de los ginecobstetras que no están dispuestos a realizar un aborto es más alta en municipios de menor tamaño. De acuerdo con Causa Justa, son el 28 % en las ciudades grandes, el 30 % en las medianas y el 40 % en las ciudades más pequeñas.
La objeción de conciencia
El 38 % de los ginecobstetras encuestados respondió que se declara como objetor de conciencia frente a la IVE. Es decir, que tiene impedimentos éticos, morales, religiosos o filosóficos por los cuales se niega a realizar estos procedimientos.
“Lo que uno se imaginaría es que la mayoría de ginecólogos son objetores. Pero, realmente, la mitad de los ginecólogos encuestados sí presta los servicios de aborto”, indicó Laura Gil, ginecobstetra y miembro del movimiento Causa Justa.
Señaló, sin embargo, que los ginecólogos no son los profesionales que prestan las IVE en Colombia. De hecho, advirtió que el grueso de estos servicios de salud están limitados a los médicos generales.
Y sostuvo que el 45 % de ginecólogos que son objetores de conciencia y no están de acuerdo con el aborto dijeron que procuran no actuar para generarles barreras a las pacientes. “Remiten, informan, no dan información sesgada y cumplen con las reglas constitucionales de la objeción de conciencia”, puntualizó.
