Mientras el sistema judicial se ve a gatas para sacar adelante la carga de procesos y la percepción de inseguridad en las ciudades es alta, el Ministerio de Justicia planteó una salida reformista del Código Penal que atacaría, de paso, el hacinamiento en las cárceles: que los condenados o sindicados por delitos menores (como hurto o estafa) puedan salir de día a trabajar y vuelvan de noche.
Medellín, por ejemplo, cerró 2022 con la cifra más alta de hurtos en una década, pues las denuncias por este delito subieron en un 1.725 %; entre tanto, en Bogotá el índice de denuncia por hechos delictivos bajó al 45 % en ese mismo año, mientras que la percepción de la seguridad sigue siendo negativa.
No obstante, los datos indican una situación compleja a nivel del avance de procesos judiciales y la población carcelaria en el país –98.672 presos con una capacidad carcelaria para 81.175– para la materialización de esta propuesta.
Muchas capturas, pocas condenas
Una de las líderes políticas que criticó duramente la propuesta del ministro Néstor Osuna fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien señaló que tanto que “nos cuesta llevarlos (a los ladrones) a la cárcel para que ahora los vayan a soltar”.
Los delitos considerados como “menores” abarcan un abanico en el que se encuentran el hurto, la omisión de socorro, la calumnia, el daño a bien ajeno, la inasistencia alimentaria, el abuso de confianza y las lesiones personales.
EL COLOMBIANO revisó las cifras del sistema penal oral acusatorio (SPOA) que muestran cómo avanzan los procesos que se iniciaron el año pasado por cinco de estos delitos (hurto, lesiones personales, estafa, abuso de confianza e inasistencia alimentaria) y encontró que su judicialización es tan baja, que en muchos casos no alcanzan ni el 1 % de condenas frenta al número de denuncias que se interpusieron.
En 2022 llegaron al ente acusador 603.004 denuncias por los delitos de hurto y hurto calificado, por hechos cometidos en todo el país y solo en 14.148 hubo capturas. Mientras tanto, el avance de los procesos fue a paso de tortuga, pues 541.433 permanecen en etapa de indagación, 1.292 están en fase de investigación, 12.905 siguen en juicio y 4.229 terminaron con una sentencia condenatoria. Es decir que solo un 0,7 % de las denuncias interpuestas terminaron con una sentencia.
Así mismo, la Fiscalía recibió 23.157 por el delito de lesiones personales, por los cuales hubo 291 capturas. La judicialización progresó así: 8.747 permanecen en indagación, 26 en investigación, 231 en juicio y 79 (0,3 %) terminaron con una condena. Por otra parte, hubo 131.287 denuncias por estafa, de los cuales 100 tuvieron una captura. De esa cantidad, 58.031 siguen en indagación, 96 en investigación, 126 en juicio y tres (0,002 %) en ejecución de penas.
El delito de abuso de confianza tiene un 0 % de condenas, es decir, que ninguno de los 16.861 procesos que inició la Fiscalía en 2022 ha tenido una decisión judicial. Entre tanto, 2.024 están en indagación, cuatro en investigación y 16 están en etapa de juicio. Finalmente, el ente investigador abrió 43.707 noticias criminales por inasistencia alimentaria –por el cual solo hubo una captura–. De estas, 43.408 se mantienen en indagación preliminar, una en investigación, 285 están en juicio y 5 (0,01 %) terminaron con una sentencia.
Estas cifras indican que la velocidad del sistema judicial para esclarecer las denuncias que se presentaron el año pasado por estos delitos ha sido irrisoria y que con tan pocos capturados y condenados, sea viable permitirles salir de sus lugares de reclusión en el día para que vuelvan en la noche.
Al respecto, el abogado penalista Gildardo Acosta le dijo a EL COLOMBIANO que el código penal del país plantea “ciertos beneficios para los denunciados, como la medida de aseguramiento domiciliaria, pero aun así muchos siguen delinquiendo. Eso no se trata de hacer propuestas por salir del paso frente al hacinamiento carcelario, sino que debe ser una política criminal del Estado que termine en una verdadera resocialización”.
En otra vía está el también penalista Jesús Albeiro Yepes, quien expresó que la propuesta le parece “razonable, necesaria y oportuna”, pero que se queda “corta frente a la problemática penitenciaria en Colombia”, pues “debería permitirse para otros delitos cuando han cumplido cierta cantidad de la pena y ha demostrado ir en camino de una verdadera resocialización”.
Sin ir más lejos, en lo que coinciden Acosta y Yepes es que el sistema judicial de Colombia se caracteriza por ser garantista y si bien otra garantía más no cambie de fondo el nivel de hacinamiento o de comisión de delitos, es una propuesta que requiere de un nivel de filigrana que evite “colados” que se aprovechen de este posible beneficio para evadirse se la justicia o seguir delinquiendo.
