Desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), se manifestó que algunos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y militares procesados por diferentes delitos, mostraron su interés en la Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicaría una vez se llegue al Acuerdo Final con las Farc, y que también beneficiaría a civiles e integrantes de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto armado.
Según el presidente de Acore, el general (r) Jaime Ruiz, el exministro de Salud Diego Palacio y el General (r) Rito Alejo del Río, firmaron una carta en la que expresan varias dudas sobre ese tipo de justicia transicional.
“Al exministro Palacio le parece que se debe considerar lo relacionado con el tratado de Ginebra, parte dos, donde dice que se puede conceder amnistía amplia a ambas partes. Fija también otra inquietud de porqué a los integrantes de las Farc, se les va a juzgar como grupo y a los agentes del Estado de manera individual”, dice el general (r) Ruiz, quien aclaró que el exfuncionario encargado de la cartera de salud no dijo que se va a acoger a ese tipo de justicia, “simplemente expresó que esos mecanismos podrían ser utilizados también por agentes del Estado”.
Para Diego Corrales, analista político, este tema “hace recordar la propuesta del expresidente Cesar Gaviria, cuando habló de la posibilidad de crear un tribunal para juzgar delitos políticos conexos al conflicto armado”.
También cree que un sector del uribismo cae en contradicciones, porque “estarían buscando beneficios en una justicia transicional que fue duramente criticada por ellos”.
Por su parte Jaime Arrubla, Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, aunque no ve jurídicamente viable la intención del exministro, “el puede estar explorando como cuadrar su situación, habrá que ver cómo lo piensa presentar el caso, pero es muy difícil porque no veo la forma de como articular su condena con un beneficio ante ese tribunal”.
Según Álvaro Leyva Durán, asesor jurídico del proceso de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz se aplicará a combatientes y no combatientes vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.
“La política de seguridad democrática y la guerra en general comprometió directamente a combatientes y civiles, e indirectamente a funcionarios públicos y civiles. Es el caso de algunos de los que están en cárceles no siendo combatientes”, aseguró Leyva.
Entre los exministros y funcionarios que podrían verse beneficiados están María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Cesar Mauricio Velásquez, Luis Alfredo Ramos, el general Mauricio Santoyo y Jorge Noguera, agregó Leyva.
“Lo decide el juez de la Justicia Especial para la Paz, pero en efecto todos pueden acudir para explicar y ser objeto sus sentencia de revisión, y en muchos casos saldrán libres. Otros cambiarán penas de reclusión por sanciones restaurativas”, agregó.
Para Leyva, exministros como Diego Palacio, fueron condenados por un delito que cometieron en el “esfuerzo por reelegir la seguridad democrática que era una política para el país muy exitosa de combate contra la subversión”.
