La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, podría enfrentar un proceso disciplinar, por no haber asistido a una importante audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los días 28 y 29 de noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia.
El encuentro tenía como propósito realizar seguimiento a las medidas cautelares restaurativas que la sala plena adoptó en 36 cementerios ubicados en el Magdalena Medio caldense, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Risaralda y Quindío, en donde podría estar enterradas varias personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
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La mandataria le aseguró a la JEP que no podría asistir y que enviaría en su lugar a Wiliam Hernández, subsecretario de gestión en convivencia y seguridad del departamento, pero este no llegó. Por lo que varios de los magistrados, después de considerar que tal incumplimiento es un hecho que se puede catalogar como grave, han ordenado el arresto de la gobernadora y de Hernández.
“En relación con la responsabilidad de la gobernadora del Valle, la Sección de Ausencia de Reconocimiento encuentra lo siguiente: con la necesaria antelación, la funcionaria pública fue convocada a asistir a una audiencia judicial restaurativa, sobre un tema de mayor importancia para su departamento, como lo es la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado”, señaló la JEP.
Sin embargo, consideran que la mandataria no se habría tomado con seriedad el evento al que la estaban convocando. “La mandataria decidió inasistir y apelar a la figura administrativa de la delegación, en cabeza de un funcionario de muy bajo nivel, lo que de entrada, si bien puede ser legal, denota su ausencia total de compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas de estos crímenes internacionales”, detalló la sala plena.
Así las cosas, han ordenado el arresto de Clara Luz Roldán, durante dos días, después de que incumpliera sus compromisos; y Wiliam Hernández, será privado de la libertad durante cinco días, por incumplir a medias las funciones que le fueron delegadas. Solo asistió al primer día de la audiencia, al segundo se ausentó sin excusarse.
“Como se ha explicado, el delegante no se libera de toda responsabilidad por las acciones u omisiones desplegadas por el delegatario. En el caso concreto, la gobernadora incumplió sus deberes legales de supervisión y control sobre el delegatario, actuando con culpa grave”, se lee en el documento, expedido por el ente acusador.
La JEP también le recriminó a la funcionaria no haber presentado ninguna explicación sobre el motivo por el cual su delegado no estuvo presente en el segundo día de la audiencia, y que tampoco haya aportado pruebas ni presentado “excusas a las víctimas y a la magistradura por lo sucedido, lo que denota, una vez más, su total desinterés por la búsqueda de los desaparecidos; y (v) tampoco se cuenta con prueba alguna referente al inicio de una investigación disciplinaria contra su delegatario” se lee en la decisión.
