La revisión sorpresa se dio luego de que el Gobierno de El Salvador denunciara que desde una cárcel en Cómbita, en el departamento de Boyacá, operaba una red de extorsionistas que llegaba hasta Centroamérica. El megaoperativo, sin embargo, se realizó a nivel nacional, y es apenas una de las medidas.
La alarma por la expansión internacional de la extorsión telefónica desde cárceles colombianas fue el telón de fondo de un megaoperativo de seguridad desplegado en 124 centros de reclusión de todo el país.
La intervención, ejecutada de forma simultánea, dejó como resultado la incautación de más de mil teléfonos celulares, además de drogas, licor, armas artesanales y dinero en efectivo.
La urgencia de la operación se explica, en parte, por las recientes denuncias del gobierno de El Salvador, que identificó que desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, se estaría coordinando una red de estafas telefónicas que afecta a ciudadanos de varios países de la región.
Según las autoridades salvadoreñas, los delincuentes realizan llamadas en las que simulan secuestros para exigir pagos, un esquema que ha sido rastreado hasta ese centro penitenciario colombiano.
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“El modus operandi es el mismo: llaman a un fontanero o a un electricista, lo citan a un lugar despoblado, le hacen creer que está secuestrado y le exigen dinero”, explicaron las autoridades. “La solución más sencilla es ignorarlos e ir a casa”, agregaron.
Ante este panorama, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, ordenó el bloqueo inmediato de la señal de telefonía móvil en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada.
El funcionario advirtió que la extorsión desde prisión se ha vuelto una práctica normalizada y alertó sobre el riesgo de que este delito continúe expandiéndose hacia Centroamérica. Además, anunció investigaciones y coordinación con las autoridades salvadoreñas para verificar responsabilidades.
Es en este contexto que se desarrolló el megaoperativo en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), coordinado desde el complejo penitenciario La Picota, en Bogotá.
La acción estuvo liderada por Idárraga y por el director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y contó con la participación de cerca de 3.900 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Durante la jornada fueron requisadas aproximadamente 22.000 personas privadas de la libertad en 170 pabellones del país. Como resultado, las autoridades incautaron 1.320 equipos de telefonía celular y 1.700 tarjetas SIM, así como 480 armas blancas de fabricación artesanal, 427 kilogramos de estupefacientes, 450 litros de licor y cerca de tres millones de pesos en efectivo.
Tras el operativo, tanto las autoridades colombianas como las salvadoreñas siguen investigando quiénes estarían detrás de las redes de extorsión. El operativo realizado es apenas un paso.
De hecho, hace dos días, Idárraga aseguró que la permanencia de los directores de los penales estará condicionada al orden y la legalidad dentro de los establecimientos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va”.
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