Sin ningún escrúpulo, un asesino a sueldo que usaba tapabocas para cubrir su rostro esperó en la salida del cementerio de Puerto Asís, Putumayo, al líder indígena Phanor Guazaquillo y le disparó frente a su esposa y sus compañeros de la comunidad Nasa. El nivel de frialdad fue tal que, según testigos, el sicario sospechó que no lograría su cometido y volvió a rematar a tiros al líder que estaba herido en el suelo.
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Los amigos y seres queridos de Guazaquillo se quedaron inmóviles ya que antes de darse a la fuga, el sicario les apuntó con el arma con la que perpetró el crimen a las 3:00 de la tarde del 3 de diciembre. Y pese a la conmoción, se unieron para subir al líder indígena –que agonizaba– a un carro fúnebre utilizado para un sepelio al que asistieron y fue llevado al hospital local, a donde llegó sin signos vitales.
Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, el representante a la Cámara, William Aljure, aprovechó que en la plenaria de esa corporación estaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y le enrostró este crimen para reclamarle que “al hombre que le presenté (Guazaquillo), que le rogué que cuidáramos, lo mataron. Me duele”, expresó.
En diálogo con este diario, el representante Aljure detalló que al líder asesinado “lo conocía desde hace 9 años, él fue un guía espiritual muy importante para mí tras el despojo y asesinato de familiares que sufrí en Mapiripán (Meta). Me da rabonada (rabia) la falta de atención al caso porque le pedimos ayuda al exministro (Alfonso) Prada, al director de la UNP (Augusto Rodríguez) y a Velasco, pero nada hicieron para impedir que lo mataran”.
La indignación de este congresista que ocupa una de las curules de paz en la Cámara se debe a que a Guazaquillo el Gobierno solo le asignó como medida de protección un chaleco antibalas, pese a los riesgos que significaban las amenazas por su liderazgo social en asuntos de restitución de tierras, defensa del medio ambiente y apoyo al acuerdo de paz con las Farc, del que ayudó a construir el Capítulo Étnico.
Los líderes siguen desprotegidos
Una de las principales consignas de Gustavo Petro, como senador opositor y candidato presidencial, fue el rechazo al asesinato de líderes sociales. Pero ahora que ostenta el cargo de jefe de Estado, Petro ha dejado claro que no tiene una fórmula para garantizar su protección, pues el flagelo sigue registrándose y las cifras siguen siendo alarmantes.
Así lo reflejan los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que se encarga de hacer informes detallados al respecto. Según esa ONG, en 2021 fueron asesinados 171 líderes; 2022 –con Petro en el poder– cerró 189 casos; y este año van 157, lo que se traduce en un promedio de 3,2 líderes sociales asesinados cada semana.
El crimen de Guazaquillo, que logró amplia visibilidad por la crueldad del caso, es solo la punta del iceberg de una problemática por la que la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch (HRW) le han llamado la atención al Gobierno para que garantice la seguridad y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país.
Como respuesta a estos jalones de orejas, el ministro Velasco planteó en mayo pasado que se evaluaría la posibilidad de cambiar el modelo de asignación de los esquemas de seguridad para facilitarles a las personas amenazas un escolta y vehículos sin blindaje, pero la propuesta no ha despegado.
El Gobierno además puso en marcha el “plan de emergencia para la protección de líderes y lideresas sociales”, así como un canal directo de comunicación con las personas amenazadas para la “prevención y reacción” ante los riesgos, pero casos como el de Guazaquillo ponen en entredicho la eficacia de ese método.
Y así como los asesinatos de líderes sociales, al gobierno Petro se le volvió una ‘papa caliente’ la oleada de masacres en el país. En todo caso, fue tal el ruido que se generó frente al crimen de Guazaquillo que la Policía dispuso de su Dirección de Investigación Criminal en el Putumayo y ofreció 100 millones de pesos de recompensa por el paradero de los responsables.
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El reciente asesinato de seis personas en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño, representó las masacres número 89 y 90 en lo corrido del año, según la ONG Indepaz. El presidente Gustavo Petro habló este martes al respecto y aunque reconoció que su gobierno no ha logrado reducir las cifras de masacres, pues en 2022 se registraron 94 casos, decidió recurrir al espejo retrovisor en lugar de asumir la responsabilidad. El mandatario planteó que las masacres en el país aumentaron desde el gobierno de Iván Duque “con la desactivación del acuerdo con las Farc”.
