“Golpe blando” y “sedición”: el rosario de excusas del presidente Petro para evadir la crítica

El mandatario gradúa de “enemigos” a quienes se atreven a cuestionarlo. Ataca la Rama Judicial, a los medios y a entes de control mientras sube su desfavorabilidad.

Además de los medios y el cubrimiento que hacen a su gobierno, el mandatario la emprende contra las cabezas de la Fiscalía y la Procuraduría. FOTO: COLPRENSA
Miguel Ángel Pinto-Presidente del Senado /Alexander López-Senador del Pacto Histórico

Aun cuando ni siquiera completa su primer año de gobierno, Gustavo Petro parece un presidente en el ocaso de su mandato. Caza peleas y rencillas en todos los frentes. Cuestiona el papel de las instituciones y rivaliza con medios. No goza de mayorías en el Congreso, su popularidad va en picada y sus reformas hacen agua. Gradúa de enemigo a quien se atreve a cuestionarlo y no baja de persecución cualquier decisión adversa.

Su más reciente refriega –ambientada por un coronel retirado que, desde la ambigüedad, puso a los colombianos a buscar en Google qué era “defenestrar”–, está relacionada con un supuesto golpe de Estado blando. Aunque la teoría política lo define como el uso de tácticas conspirativas para desestabilizar un gobierno y encender la chispa del boicot, para Petro es la fórmula para explicar el contrapeso y la independencia que, contra sus intereses, ha hecho valer la Rama Judicial.

Quizá una de las muestras más dicientes del desgaste y lastre que siguen contaminando su gobierno es el oxígeno que le ha dado sus opositores, al punto que hoy –pese a que restan más de 3 años para las elecciones– hay quienes desde ya se atreven a levantar la mano y perfilarse como candidatos. Una de ellas fue María Fernanda Cabal, que aprovechó la papaya para poner a andar una candidatura, que años atrás hubiese parecido precoz, pero que ahora retumba en un sector de la opinión pública.

Y si le faltaba un elemento al memorial de agravios basta entrar a Twitter para chocar de frente con un Petro cada vez más frenético y pendenciero. De hecho, este martes –acorralado por las críticas y buscando refugio al amparo de otros mandatarios de izquierda reunidos en Brasil– el Jefe de Estado siguió dando explicaciones sobre un controversial trino en el que cuestionó recientes órdenes administrativas “que le están quitando los votos” a congresistas del Pacto Histórico.

Aunque a todas luces se trató de un reparo contra la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del senador Roy Barreras –uno de sus más sagaces y experimentados escuderos en el Congreso– y la amenaza de que otros miembros del petrismo puedan correr la misma suerte, el mandatario negó que su mira estuviese puesta en el alto tribunal.

La aclaración no fue gratuita si se considera que la relación entre Petro y la Rama Judicial está en algodones, al punto que fue necesario un almuerzo hace 20 días en la Corte Suprema para limar asperezas.

Por el contrario –al atribuirlo una vez más a la prensa y a un “titular mentiroso”–, la emprendió contra la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa y la Procuraduría que lidera Margarita Cabello, otrora aliados del expresidente Iván Duque, y a quienes por ello encasilla como opositores y no como cabezas de organismos independientes.

“No tengo ningún problema con las cortes (...) El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones (...) El problema es una procuradora que, evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, abre procesos para suspender congresistas del Pacto Histórico y, por esa vía, cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”, reclamó el Jefe de Estado, quien hoy hace frente a una favorabilidad de apenas el 35 %, frente a un demoledor 57 % que desaprueba su gestión, según la más reciente encuesta Gallup.

Ante las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello se limitó a responder que no tiene tiempo para controvertir, al tiempo que ratificó que “las decisiones judiciales se respetan. Democracia significa respeto por la independencia de cada uno de los órganos del poder”.

Previamente, Petro llegó a hablar de “mala leche, energúmenos y prejuicio” por la interpretación que el propio Consejo de Estado dio a sus palabras. Según el mandatario, el efecto es uno solo: “Ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha”. Inclusive, sin hacer mención explícita al escándalo que rodea a su jefe de gabinete, Laura Sarabia –acusada de asumir funciones judiciales y someter al polígrafo irregularmente a su exniñera–, Petro alegó por la inspección que este martes adelantó la Fiscalía en la Casa de Nariño en medio de la investigación.

Lejos de enmarcarlo en un procedimiento judicial, el mandatario no vaciló en catalogarlo como un allanamiento a la Presidencia con visos de ilegalidad y persecución política: “Tal como sucedió en Perú en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”.

El ente acusador defendió que la inspección se enmarcó “en competencias propias de los fiscales” y que la evidencia y el material probatorio recaudado “fortalecerán la investigación que sobre presuntas afectaciones a una mujer que trabajaba con Sarabia”.

Aun sin contentillo, Petro atizó el fuego y este martes replicó un video del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, en el que se quejó luego de que la Procuraduría le formuló cargos por señalar, sin aparente sustento, a 4 uniformados de la Policía de torturar a ciudadanos que adelantaban bloqueos en Cali en pleno paro nacional. “Es una clara persecución contra mí y contra el Pacto Histórico. Sería la cuarta curul que nos quitan”, aseguró el congresista en el mensaje que ayudó a mover el mandatario.

Solo este martes, entre trinos, retuits y réplicas, Petro dijo presente en Twitter al menos 35 veces. Sus mensajes más extensos, pero también más incisivos, tuvieron como foco la prensa y el trabajo periodístico. La reprimenda coincidió justo con una determinación de la Corte Constitucional, que este martes eligió para estudio una tutela interpuesta por esta casa editorial contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante los frecuentes ataques y señalamientos por el cubrimiento de su gobierno, que podrían llegar a considerarse violencia en línea y hostigamiento por parte de un servidor público.

El futuro de ese recurso judicial podría llegar a sentar un precedente jurídico y constitucional sobre la relación de los gobernantes con la prensa, precisamente en tiempos en los que el “gobierno del cambio” arrecia en sus reparos contra los medios tradicionales, a la vez que fortalece y aceita –con un presupuesto inicial de $20.000 millones– una red propia de medios comunitarios y alternativos que han mostrado simpatía con el petrismo.

Para el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, aunque llegaría a ser entendible que ahora como presidente Petro esté prevenido alrededor de un supuesto golpe blando –trayendo a colación lo ocurrido con su destitución cuando era alcalde–, ello no se puede traducir en una patente de corso para graduar de percusión cualquier decisión adversa.

“Eso no lo puede llevar a considerar toda manifestación de oposición o toda decisión judicial adversa como persecución ilegítima. En rigor, no hay riesgo serio de golpe de Estado o nada parecido en su contra (...) El Presidente necesita serenarse sobre el tema porque lo ha llevado a declaraciones desproporcionadas que no son buenas para nadie y menos para él (...) Obviamente esta paranoia se agrava por el uso compulsivo del Twitter. Si sigue en este juego va a cometer cada vez más errores”, explicó.

Si bien el periplo de Petro por Brasil y la reunión que sostuvo con aliados como Nicolás Maduro parecía ser un respiro que le pondría un alto a sus rencillas con dirigentes, entes de control y medios, lo cierto es que el mandatario persistió en sus críticas. Incluso, anunció que reintregará el país a Unasur.

La postura del Presidente parece ser una muestra de que, lejos de apaciguar los ánimos y buscar acuerdos, arreciará en su discurso. La retórica subiría de tono, además, a medida que se acercan las elecciones regionales de octubre que, contrario al discurso, pondrán a prueba el músculo del petrismo.

¿En quiénes se concentran los reparos de Petro?

Barbosa, su foco de críticas

En 10 meses de gobierno, pese a intentos por bajar la tensión, el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se han enfrascado en sendas disputas y diferencias que hoy tienen totalmente quebrada su relación. El fiscal ha llegado a asegurar que Pablo Escobar “estaría feliz” con las iniciativas de Petro, mientras que el mandatario levantó polvareda al decir que era jefe del fiscal.

Rifirrafe con la procuradora

Aunque han sido menores, Petro también ha tenido rencillas con la procuradora Margarita Cabello. Quizá uno de los más sonados fue en diciembre pasado cuando el Ministerio Público prendió las alertas por el aguinaldo que el Jefe de Estado concedió a integrantes de la Primera Línea.

Reclamos contra los medios

La andanada del Jefe de Estado contra los medios de comunicación llevó a organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a reclamar por presiones e intentonas de criminalización.

Diferencias con las altas cortes

Ante los choques con el fiscal Barbosa, que pusieron en entredicho el sistema de contrapesos y la división de poderes, Petro almorzó a principios de mes con las altas cortes y se comprometió a respetar la autonomía judicial.

Molestia porque su ficha en el Senado no se impone

Miguel Ángel Pinto-Presidente del Senado /Alexander López-Senador del Pacto Histórico

La reciente escalada de Petro contra medios de comunicación, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello tiene origen en un pendiente que lo sigue trasnochando: la elección del senador Alexander López como nuevo presidente del Congreso.

Si bien el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras se conoció hace más de 20 días y se tenía previsto que esta semana se hiciera la elección de López, aún no se ha concretado el proceso y solo hasta la próxima semana se formalizaría su elección.

En el entretanto, cuando Petro intenta llevar a buen puerto reformas como la salud o la laboral, permanece como encargado quien fuera el segundo vicepresidente de la corporación, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal y cercano a César Gaviria, con quien el Jefe de Estado partió cobijas.

“El que hoy la Presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del Senado”, alegó el primer mandatario.

Ante el llamado que elevó la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) para que el Gobierno recomponga relaciones con el Legislativo, Petro contestó que el primer paso es que “el Congreso, siguiendo su tradición, debe restablecer el pacto de sus mesas y no romperlo”.

Es decir, darle vía libre a la elección de López para lo que resta de periodo legislativo (20 de junio) y las cantadas sesiones extraordinarias que se extenderían hasta principios de julio.

En medio del cruce de versiones, el senador Pinto negó que esté incurriendo en maniobra alguna para dilatar la elección.

En esa línea, manifestó que solo hasta la próxima semana se convocará a la plenaria para elegir a López.

El ungido como próximo presidente del Senado ha guardado silencio y hace 20 días le dijo a este diario que se declaraba confiado de que se respeten los acuerdos en el Congreso y destacó que aún tiene margen de maniobra para poder darle desarrollo y trámite a las reformas a la salud, pensional y laboral que espera aprobar el presidente Petro.

RECUENTO DE CONTROVERSIAS

“El presidente falta a la verdad (...) la inspección se enmarca en competencias”

El escándalo alrededor del presunto uso irregular del polígrafo con la exniñera de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, desató un nueva confrontación entre Petro y la Fiscalía.

La controversia la desató la diligencia judicial que efectuó este martes el ente investigador en la Casa de Nariño en búsqueda de pruebas en medio de pesquisas para recaudar materia probatorio.

Aunque la Fiscalía defendió que la inspección se enmarca en sus competencias, el mandatario reclamó que el ente acusador buscó “hacer un allanamiento a la Presidencia”, similar al que ocurrió con el entonces presidente de Perú, Petro Castillo.

“Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”, reprochó.

Consejo de Estado pidió “evitar comentarios que socaven autonomía judicial”

En respuesta directa a los señalamientos del Jefe de Estado, el Consejo de Estado se pronunció a través de un comunicado en el que defendió que sus determinaciones “no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”.

El alto tribunal, que también tumbó la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez (que apoyó el petrismo), aclaró que más allá de controversias políticas e ideológicas, su actuar “se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público”. En esa línea, elevó un llamado para evitar comentarios “que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

Ante la dura declaración, Petro negó que estuviera haciendo referencia al alto tribunal y atribuyó la controversia a “un titular mentiroso” de un medio de comunicación. “El medio titula para enfrentar la Presidencia con el Consejo de Estado y ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha”.

“Desconocer bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre”

A principios de mes, cuando Petro desató controversia al decir que era el jefe del fiscal, la Corte Suprema de Justicia –máximo órgano de la rama judicial de Colombia– defendió la independencia del ente investigador y elevó un llamado a la “sensatez, respeto y cordura” que debe prevalecer en el Estado social de derecho.

El alto tribunal, al recordar los fundamentos del funcionamiento del Estado, recordó que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.

“El fiscal general, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte de terna elaborada por el Presidente, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, ratificó.