José Hofman –el juez que se encargó de avalar la imputación de cargos y enviar a prisión a alias El Costeño, señalado cerebro detrás del atentado al senador Miguel Uribe– reconoció que el Gobierno y las demás autoridades del poder no han sido capaces de generar unidad nacional y, por el contrario, han contribuido con el ambiente de la polarización y la estigmatización política.
“Este es un momento en el cual las autoridades públicas deberían observar ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político. Representar la unidad de la nación”, dijo, inicialmente, el juez de control de garantías en una copia de la audiencia difundida por Noticias RCN.
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Contexto de la audiencia de alias El Costeño
El togado se encargó de avalar la imputación de la Fiscalía por los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, concierto para delinquir agravado y utilización de menores para cometer delitos a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño.
Durante esa diligencia, el juez reconoció la crispación política que hay en el ambiente político del país.
“Las autoridades, muchas veces, incluso, contribuyen a generar polarización, estigmatización y hostigamiento”, apuntó el juez Hofman.
En medio de las audiencias de control de garantías contra alias El Costeño, el juez también reconoció las falencias del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que tenía asignado el senador y precandidato Uribe Turbay.
“Un juez de la República determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de este actual Gobierno. El juez consideró que a Miguel Uribe no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad”, afirmó Víctor Mosquera, abogado del senador Miguel Uribe.
Mosquera insistió en que el pronunciamiento del juez confirma lo que su equipo legal ha venido advirtiendo desde el atentado: hubo fallas graves en las garantías de seguridad de un líder de la oposición, en medio de un ejercicio político que debía estar protegido por el Estado.
“Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato. Hubo falta de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos”, añadió el abogado.
Por las falencias en la seguridad ya fue denunciado penalmente Augusto Rodríguez, director de la UNP y contra él también avanza una investigación de tipo disciplinaria en la Procuraduría.
Rodríguez ya admitió que ese 7 de junio el político de 39 años estaba solamente con tres hombres asignados para su seguridad por parte de la UNP y que uno de ellos estaba en autorrelevo.
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