En apenas cinco días, el Ejecutivo cambió de parecer y tumbó una prórroga de un contrato para la operación de un puerto en Buenaventura.
Pasados cuatro meses desde que el gobierno de Gustavo Petro declaró desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes –pleito por el que el Estado podría pagar hasta $117.000 millones como indemnización–, este domingo se conoció otro cuestionado proceso contractual que pondría contra las cuerdas al Ejecutivo y que pone en jaque la confianza del sector de la infraestructura.
La Revista Cambio reveló que, si bien el pasado 23 de diciembre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogó a la firma Sociedad Grupo Portuario la concesión operativa de uno de los muelles del Puerto de Buenaventura, apenas cinco días después el Ministerio de Transporte echó para atrás la determinación. No es un muelle cualquiera. Se trata de la Unidad Operativa Muelle 13, que recibe a diario toneladas de alimentos y minerales importados, y que desde hace 33 años está a cargo del Grupo Portuario, cuyo principal accionista –según la revista– es Ventura Group.
El informe detalla que la prórroga, que establecía que el grupo seguiría manejando el muelle 13 hasta 2045, se cayó tras una revisión efectuada por el ministro William Camargo que, luego de una sesión del Consejo Directivo de la ANI, ordenó su revocatoria “ante la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. Lo anterior, concretamente, ante el manejo de cargas de carbón.
Si bien el Grupo Portuario intentó reversar la decisión y buscar medidas para seguir con la operación, el pasado 6 de enero el Ministerio de Transporte ratificó su determinación y, a través de una resolución, notificó que la concesión ya no estaría bajo su dominio. “Es necesario, antes de emitir aprobación, verificar el estado del instrumento ambiental y la necesidad de Licencia Ambiental, lo cual debe ser consultado a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales, ANLA”, declaró por su parte la ANI.
Las determinaciones, advierte Cambio, vienen precedidas por una directriz del Gobierno de Gustavo Petro, que estaría buscando “delegar el manejo de los puertos en la Armada Nacional”.
Sin embargo, ante la abrupta decisión del Ministerio de Transporte, en cabeza de Camargo, no se descarta que Grupo Portuario adelante acciones legales. El pleito pone en jaque además la confianza de privados en sectores como la operación de los puertos.
Inclusive, la decisión causó malestar internamente en la ANI (ver Radiografía).
Pese a los supuestos móviles ambientales que justificarían la decisión, se conoció que el Grupo Portuario, además de contar con el respectivo plan de manejo ambiental para el manejo del carbón, tramitó la licencia para operaciones de exportación de “carbones coquizables y descargues de graneles sólidos”.
“¿Por qué si el argumento del Gobierno es una preocupación ambiental no se tomó la primera decisión en ese mismo sentido y, por el contrario, se concedió la adición hasta el 2045?, ¿El equipo jurídico de la ANI desconoce que no se puede decidir administrativamente y luego revocar con una justificación que en cualquier instancia se puede tumbar?, ¿Qué va a pasar con la operación del puerto dada la nueva postura del Gobierno frente al futuro de esa concesión?”, cuestionó la publicación.
Disgusto interno
Al parecer, tras la determinación del ministro de Transporte, William Camargo, hubo molestia tanto en la Presidencia de la ANI como en la Gerencia de Puertos. La revista conoció que, conocida la decisión de revocar la resolución, la presidenta de la Agencia, Carolina Barbanti, y el gerente de puertos, Fernando Hoyos, plantearon supuestamente renunciar a su cargo. Sin embargo, el ministro habría intercedido para tratar de apaciguar los ánimos, al punto que a Barbanti se le concedió una semana de descanso, mientras que se instó a Hoyos a tomar su periodo de vacaciones.
