Luego del cruce de argumentos sostenido la semana pasada con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el Gobierno nacional prepara un decreto que busca superar la emergencia sanitaria que se está presentando en varias Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, estaciones de Policía y sitios de detención transitoria por cuenta de la pandemia de la covid-19.
En una reunión convocada por la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá acordaron incluir en el decreto medidas dirigidas al inicio inmediato de acciones para mejorar la infraestructura de lugares de detención transitoria a cargo de los entes territoriales.
También se buscará hacer incorporación a corto plazo del talento humano necesario para la custodia y administración de estos sitios de reclusión transitoria. De igual forma, se diseñarán protocolos para garantizar la salud de las personas detenidas en las URI, estaciones de policía y sitios de detención transitoria.
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Según la Procuraduría, Bogotá tiene más de 1.600 personas detenidas en las URI y estaciones de Policía, como las de Kennedy y San Cristobal, donde en los últimos días se presentaron motines. El hacinamiento supera el 145%.
La versión final del proyecto de decreto se presentará para su trámite en la Presidencia de la República el día martes 27 de mayo para que sea expedido en el marco de las facultades excepcionales que tiene el presidente Iván Duque por la emergencia económica, social y ecológica derivada del Covid-19.
