Tras 17 días de paro cívico en Chocó, el Gobierno Nacional y los líderes que impulsaban la protesta llegaron a un acuerdo para levantar el movimiento. Son cuatro puntos principales en el que resalta la publicación del mapa del departamento con la inclusión de Belén de Bajirá, población en disputa con Antioquia.
Ahora viene para esta región un cronograma de trabajo a corto y mediano plazo para implementar los cuatro acuerdos anunciados por el secretario general de la Presidencia Alfonso Prada.
Secretario General @alfonsoprada, quien lideró solución del paro cívico en Chocó, explica los 4 acuerdos para el bienestar de los chocoanos pic.twitter.com/lQ6ZVmMhjY
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 27 de mayo de 2017
Estos son los cuatro puntos y lo que debe ocurrir a continuación.
El Gobierno accedió a “meterse la mano al bolsillo” con 440 mil millones de pesos que adicionará a los proyectos viales que conectan a Quibdó con Medellín (47 kilómetros de carretera a intervenir) y con Pereira (23 kilómetros).
Actualmente se están invirtiendo 756 mil millones de pesos en temas viales en Chocó, con lo que, según Prada, se lograría una inversión total de 1,4 billones de pesos en próximos meses.
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Se anunció una transferencia de 30 mil millones de pesos para construir un hospital de tercer nivel en Quibdó. Además, se firmó un compromiso para edificar hospitales de segundo nivel en los municipios de Itsmina y Bahía Solano.
Este sería el punto que más demorará en llevarse a cabo de los cuatro acuerdos.
Uno de los puntos más polémicos de los últimos meses en Chocó ha sido la disputa que sostiene con Antioquia por el territorio de Belén de Bajirá, que los chocoanos reclaman amparándose en la ley de 1947 que creó el departamento.
Frente a esto, Prada manifestó que lo que harán será acogerse a la cartografía existente y que no se trata de una modificación: “Nos atenemos a los conceptos jurídicos y técnicos cuando se creó el Chocó”.
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El ansiado mapa se conocerá el próximo 12 de junio y a partir del 23 de ese mismo mes iniciarán una serie de mesas de concertación con la comunidad de dicho municipio.
El gobernador chocoano, Jhoany Palacios, se refirió a esta “victoria” administrativa, al recalcar que no se trata de un pacto de entrega, sino de reconocer la ley de creación de su departamento, que incluye este territorio.
Cumplimiento de acuerdos, no incluyó la entrega de Belén de Bajirá al Chocó, incluyó el reestablecimento de derechos y el respeto a la ley.
— Jhoany Palacios M. (@domingogobierna) 27 de mayo de 2017
A partir de la próxima semana y por las siguientes tres, el Gobierno instalará en Chocó mesas técnicas para hacerle seguimiento a los acuerdos de agosto de 2016, que fueron los que desataron la protesta en un primer momento.
Los principales temas a tratar serán los planes en servicios públicos, salud, infraestructura, y derechos humanos.
A estos puntos se llegó tras tres días de diálogo en los que estuvieron los ministros de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; de Transporte, Jorge Rojas; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de minas, Germán Arce y de Salud, Alejandro Gaviria.
Del otro lado, el gobernador Palacio también dio su visto bueno a los resultados.
Nuevamente el pueblo chocoano da muestras de su grandeza, se sentó a dialogar, construyó acuerdos y confía en que se materialicen @GobChoco
— Jhoany Palacios M. (@domingogobierna) 27 de mayo de 2017
Vale recordar que los habitantes de Chocó comenzaron el paro 10 de mayo para protestar contra el incumplimiento del Gobierno en los los acuerdos pactados con esta región en agosto de 2016.
El anuncio del viaje de una comisión ministerial para tratar de resolver el paro que aún persiste en Buenaventura pone los ojos sobre esta población del pacífico, que sigue en pie de protesta y en donde las actuaciones de la fuerza pública han sido fuertemente cuestionadas.
Sin embargo Luis Alfonso Escobar, gerente del plan Pazpacífico y miembro de la Comisión del Gobierno que se encuentra en el puerto negociando, confió en que este mismo fin de semana se conjure la protesta.
“Hoy ya superamos la discusión más grande, que fue la declaratoria de emergencia social. Hemos demostrado que no cabe la medida, aunque se reconoce que hay unas brechas sociales que persisten y vamos a buscar alternativas para generar las inversiones que requiere Buenaventura”, explicó.
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