En medio del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un cuestionamiento constante apuntaba a la aparente lentitud de la Fiscalía en investigar a altos exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, frecuentemente mencionados como protagonistas del entramado corrupto.
Entre los señalados se encuentra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, quien, según testigos, era el responsable de ordenar el direccionamiento de contratos involucrados en el saqueo de recursos destinados a la atención de emergencias en la UNGRD.
Sin embargo, el proceso en su contra parece haber tomado impulso. Este miércoles, la Fiscalía General acudió ante el Tribunal Superior de Bogotá para solicitar el aval de actos investigativos en el marco de la indagación a González Merchán. Entre estos se incluye el rastreo de cuentas bancarias, registros migratorios y seguimiento a la señal celular del exfuncionario.
La Fiscalía busca obtener la información del teléfono celular para establecer las fechas de las comunicaciones entre Carlos Ramón González, Olmedo López y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, también vinculada a la investigación.
A través de ese cruce de llamadas y mensajes de texto, habría quedado pactada la entrega de los millonarios recursos a los congresistas a cambio de que apoyaran las reformas del Gobierno en el legislativo.
El “acelerón” en las pesquisas estaría relacionado con la sorpresiva salida del país de González, aparentemente hacia España, por “motivos de descanso”.
Determinar si González tuvo un papel en el entramado de corrupción es clave porque él era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia cuando, supuestamente, se entregaron en octubre de 2023 al entonces presidente del Senado, Jorge Iván Name, 3.000 millones de pesos, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, 1.000 millones.
Justamente, en la audiencia de imputación de cargos a los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía reveló que: “Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, solicitó contratos por 60.000 millones para Iván Leónidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos en efectivo para Calle Aguas. Función que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”.
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De acuerdo con el testimonio de Olmedo López, el entonces director del DAPRE le habría advertido sobre la necesidad de los contratos, puesto que tenía compromisos con los congresistas Name y Calle.
“Le dio la orden a Olmedo López de que había que cumplir unos compromisos, que ya tenía unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara (...) que a ambos había de cumplirles”, detalló la Fiscalía.
