La Jurisidicción Especial de Paz (JEP) todavía no emite su primera condena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y ese es un tema que ya empezó a preocupar a la Fiscalía General. Luz Adriana Camargo, cabeza del ente acusador, envió un oficio a los magistrados del tribunal especial en la que pidió celeridad en los procesos y advirtió que las demoras pueden poner en riesgo los principios de verdad.
El oficio de seis páginas fue radicado en la tarde de este 14 de julio en la sede de la JEP. La Fiscalía manifestó su preocupación por la falta de resolución que han tenido los casos más graves del conflicto, por la no definición de situaciones penales de la mayoría de comparecientes y por la falta de una hoja de ruta clara para definir cuáles casos son archivados, cuáles continúan en investigación y cuáles son llevados a juicio.
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Por ejemplo, la Fiscalía aseguró que remitió copias de 17 informes donde se indentificaron 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas de vulneraciones durante el conflicto. Sin embargo, advirtió el ente acusador, la JEP solo ha procesado a una porción pequeña de los responsables.
La Fiscalía se refiere, por ejemplo, al Macrocaso 01 que investiga y juzga la toma de reheches y otras graves privaciones de la libertad por parte de las Farc y al Macrocaso 07 que investiga y juzga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto. En esos casos la JEP solo se ha avanzado con la imputación del último secretariado de las Farc.
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“Para la Fiscalía resulta preocupante que las decisiones que ha adoptado la Sala de Reconocimiento de Verdad no incluyan la totalidad de investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”, apuntó la fiscal Camargo.
Las víctimas también han manifestado su inconformidad con la aparente lentitud con la que avanzan los procesos en la JEP. Alexander Vargas, víctima acreditada por reclutamiento, por ejemplo, aseguró que para que se haga justicia se requieren también imputaciones a los jefes del Estado Mayor, de cada bloque, frentes y compañías que también fueron responsables de cometer delitos.
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“La Fiscalía propone una articulación cada vez más enfocada en la identificación y remisión de expedientes penales de manera que se logre la adopción de decisiones judiciales que permitan ampliar el marco de definición de la situación jurídica de los comparecientes y el cierre de los procesos que los vinculan, muchos de los cuales siguen abiertos en la Fiscalía”, apuntó la Fiscalía.
La Fiscalía advirtió que la falta de definición de las situaciones jurídicas prolonga indefinidamente los procesos penales y obstaculiza los cierres judiciales y las garantías de verdad prometidas por el Acuerdo de Paz.
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