La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció extensamente sobre la orden de captura en su contra, emitida por un tribunal de apelaciones en Guatemala. Señaló que la medida, relacionada con su participación en las investigaciones del caso Odebrecht, se basa en interpretaciones descontextualizadas de su labor en ese proceso. Además, aclaró que la orden solo tiene efectos dentro del territorio guatemalteco y no tiene validez internacional.
“No existe orden de captura internacional y no será expedida. La orden de captura solo tendrá vigencia en Guatemala. Mi defensa es un tema complejo, existen pocas garantías en ese país para ejercerla. Varios abogados han sido capturados por defender a quienes hicieron parte de procesos anticorrupción.”, dijo.
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Aclaró que no hay riesgo de que, en una eventual salida del país, sea capturada con base en el circular expedida en su contra.
“Las circulares rojas son colaboraciones entre policías de otros países. Según el Gobierno de Guatemala, indicaría que no va a ser solicitado por ese país, por lo que dejaría imposible de que yo sea objeto de una captura al salir del país”, afirmó.
“No descarto que haya, efectivamente, un ataque originado en una violencia de género. Y no lo descarto no solo porque ha sucedido antes, sino porque existe una presión muy fuerte contra la figura que represento como fiscal, con exigencias que no se plantean cuando el director de la Fiscalía es un hombre. Espero poder examinar esto con mayor detenimiento. No descarto una denuncia”.
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Advirtió que la orden de captura en su contra es una “retaliación” por su trabajo en la investigación por la presunta financiación irregular de la multinacional Odebrecht.
“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”, manifestó Camargo.
Agregó que la decisión de la Fiscalía “desconoce los parámetros del acuerdo internacional”, dado que su labor y de Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) está cobijada por un fuero y contaba con el respaldo de la ONU.
Camargo consideró que esas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo que ese país firmó con la ONU para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad.
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La base de la acusación contra Camargo y el exministro Iván Velásquez se sustenta en el supuesto respaldo de la Cicig a la Fiscalía guatemalteca de ese momento, que pactó un principio de oportunidad y delación con los directivos de la constructora brasileña Odebrecht, señalada de actos de corrupción.
