En Colombia, muchas leyes han nacido como respuesta a hechos trágicos. Detrás de cada una suele haber una historia dolorosa que impulsó su creación para evitar que algo similar vuelva a repetirse. Ese es el caso de la Ley Rosa Elvira Cely.
La norma fue promulgada tras el terrible caso de Cely, una mujer de Bogotá que, en 2012, fue víctima de tortura, abuso sexual y violencia física que le ocasionaron la muerte. Su historia marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo en el Código Penal colombiano.
Desde entonces, se entiende por feminicidio “la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. Este delito se caracteriza por estar motivado en el odio, desprecio o discriminación hacia las mujeres y, en muchos casos, va precedido de episodios de violencia física, psicológica, sexual o económica.
A una década de su promulgación, las cifras siguen siendo alarmantes. La ley no ha logrado frenar la violencia letal contra las mujeres.
De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios en Colombia, en lo corrido del año, se han registrado 362 feminicidios en el país. Lo grave, entre todo lo grave, es que de estos el 98 % siguen en la impunidad, según cifras oficiales.
Solo en lo que va de 2025, la Fiscalía ha abierto 234 investigaciones por feminicidio. De ese total, 134 permanecen en etapa de indagación preliminar, 47 en investigación formal, 44 han llegado a juicio y apenas 4 han alcanzado la fase de ejecución de la pena. Es decir, la gran mayoría de los procesos continúa estancada en el sistema judicial.
La tendencia no es nueva. Entre 2015 y junio de 2025, el 67 % de las investigaciones por feminicidio siguen sin una sentencia en firme. Solo el 33 % ha logrado avanzar hasta la etapa de ejecución de penas, lo que refleja un rezago estructural en el acceso a la justicia para las víctimas.
En paralelo, las autoridades anuncian campañas, lanzan estrategias y habilitan líneas telefónicas de atención, pero sin mayores resultados. Las mujeres siguen siendo asesinadas de forma cruel. La mayoría de las víctimas cargó con su lápida aún en vida. El feminicidio comienza con la amenaza y, mientras se concreta, va confirmando que no hay escapatoria, que la orden de alejamiento, engavetada en un nochero de la casa, no servirá como escudo.
Entidades como la Defensoría del Pueblo, advierten que uno de los factores que perpetúa la violencia contra las mujeres son las barreras institucionales que enfrentan las víctimas al momento de buscar atención.
Estas trabas no solo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que también constituyen una forma de violencia institucional.
Preocupa además el vencimiento de términos en casos de feminicidio, lo que ha permitido que incluso los agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades hayan sido liberados.
Otro problema crítico encontrado por la Defensoría tiene que ver con la insuficiente implementación de casas de refugio y albergues para mujeres en riesgo.
A finales de 2024, solo 11 casas de acogida estaban en funcionamiento. Esta falta de infraestructura ha dejado a muchas mujeres desprotegidas y, en muchos casos, las ha obligado a regresar con sus agresores.
Sumado a esto, las Comisarías de Familia, que son la primera línea de defensa para las víctimas, también enfrentan un déficit significativo en términos de infraestructura y recursos que permitan ofrecer una respuesta inmediata a los casos de violencia contra las mujeres.
Antioquia encabeza la lista de los departamentos con mayor número de feminicidios registrados en lo que va de 2025, con un total de 49 casos. Le siguen Bogotá, con 42 mujeres asesinadas por razones de género; Valle del Cauca, con 28; Atlántico, con 24; y Magdalena, con 21, entre otros.
La concejal de Bogotá Heidy Sánchez advierte que uno de los principales obstáculos en la lucha contra el feminicidio es la negativa institucional a reconocer la raíz estructural de la violencia de género. “Mientras no se asuma una lectura del contexto y una comprensión real de las múltiples violencias que viven las mujeres, los datos y las cifras seguirán en aumento”, señala.
Para la cabildante, las respuestas fragmentadas o superficiales resultan insuficientes. Subraya la urgencia de implementar soluciones integrales que vayan más allá de reacciones inmediatas y apunten a transformar las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la desigualdad. “Solo con estrategias claras y un compromiso real por garantizar una vida libre de violencias y sin miedo para todas, será posible frenar esta tragedia que no da tregua”, concluye.
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El drama de los huérfanos
Detrás de cada feminicidio no solo hay una vida arrebatada con violencia, sino familias fracturadas y un silencio que se instala en los hogares.
Muchos de esos crímenes dejan hijos huérfanos, marcados por la ausencia y el trauma.
Entre 2019 y 2024, se registraron 3.718 feminicidios en Colombia. De esos casos, al menos 1.746 menores quedaron huérfanos de madre. Es decir, una de cada tres mujeres asesinadas era madre, y su muerte no solo puso fin a su historia, sino que partió en dos la vida de sus hijos, testigos o víctimas indirectas del mismo círculo de violencia.
Son niños y niñas que además deben enfrentar el estigma, el abandono institucional y la precariedad emocional y económica que deja este tipo de crímenes.
La tragedia del feminicidio, por tanto, no termina con la víctima, por desgracia se extiende y se hereda.
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Alternativas de salvación
Según el informe “Vivir sin miedo” de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para frenar la violencia contra las mujeres es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema y fortalezca las respuestas institucionales.
En ese sentido, el informe arroja una serie de recomendaciones que van desde el fomento a la educación en términos de igualdad de género, y el fortalecimiento e implementación efectiva de leyes existentes y nuevas políticas que protejan a las mujeres.
Al igual que campañas de sensibilización que aborden la respuesta cultural a los roles de género y a la normalización de la violencia y servicios de apoyo accesibles, como refugios, asistencia legal y psicológica, e incentivos económicos que propicien la libertad económica de las mujeres.
Aunque se han hecho avances en la legislación y en la creación de programas de apoyo, las barreras institucionales y la falta de recursos continúan dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Inconsistencias en las cifras
Mientras el Observatorio reporta 342 feminicidios hasta junio, la Fiscalía reconoce 234 y la Policía Nacional ha registrado 416 homicidios de mujeres, sin especificar cuántos son considerados feminicidios. El Instituto Nacional de Medicina Legal, por su parte, indica que hasta abril de 2025 se han reportado 342 asesinatos de mujeres, pero solo 39 han sido clasificados como feminicidios.
En más de 200 casos, las circunstancias del crimen permanecen sin esclarecer o sin ser categorizadas adecuadamente, a pesar de que muchos presentan claros indicios de violencia de género.
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